Por un amparo judicial se obligó a una empresa... (06-03-12) - ACTIO WEB

ASESORAMIENTO JURIDICO LABORAL
Vaya al Contenido

Menu Principal:

NOTAS > 2013 - 2012 - 2011 > 2012 > Enero - Febrero - Marzo
   
Por un amparo judicial se obligó a una empresa a trasladar a  una trabajadora a una sucursal cercana a su nuevo domicilio
     
Escribe el Dr. Rodolfo Aníbal  González (*)
 
     
La Cámara Nacional de Apelaciones  del Trabajo ordenó a OSPLAD que disponga el traslado de una trabajadora a las  oficinas que posee dicha obra social en La Rioja. La mujer había requerido la  reubicación y ante la negativa presentó una acción de amparo. El tribunal  fundó la decisión en la igualdad de hombres y mujeres y el derecho de la  dependiente a formar una familia.
 
La Sala  VIII del citado tribunal, en un fallo dividido, revocó una sentencia de primera  instancia y admitió la acción de amparo de una mujer que solicitaba ser  trasladada por su empleadora, OSPLAD, a las oficinas que la obra social posee  en La Rioja, debido a que allí reside su pareja. La actora tenía planes de  casarse y formar una familia en esa provincia.
 
Los  magistrados Víctor Pesino y Estela Milagros Ferreirós –que integraron la  mayoría-  afirmaron que "el derecho al trabajo conlleva el derecho  a la continuidad, a la seguridad, a la igualdad, y consecuentemente, se  encuentra ensamblado con el derecho a formar una familia".
 
Asimismo,  destacaron que "existiendo la posibilidad, –ya que la demandada posee  lugar de actividades en el sitio que requiere la actora-, no hacer curso a la  pretensión del traslado sería obstaculizar ambos derechos, lo que conduciría  a una flagrante arbitrariedad y un quebrantamiento al derecho a una vida  digna".
 
Entre  tanto, el camarista Luis Catardo se pronunció en disidencia. Al respecto,  sostuvo que "las facultades de organización en el marco de una empresa  son propias del empresario, por ser el titular de esa estructura o unidad de  gestión empresarial".
 
En el caso,  una trabajadora de OSPLAD, -Obra Social para la Actividad Docente-, solicitó  a su empleadora un traslado a la provincia de La Rioja. La mujer tenía su  pareja residiendo en esa locación, y necesitaba ser reubicada para poder  casarse y formar una familia.
 
Ante la  negativa de OSPLAD de conceder el traslado, quien invocó la falta de vacantes  en sus oficinas de La Rioja, la trabajadora interpuso una acción de amparo.  En concreto, solicitó que se ordene a su empleadora la disposición de la  reubicación requerida.
 
La mayoría  del tribunal consideró que "la trabajadora tiene derecho a que la obra  social demandada le asigne un puesto de trabajo en la Provincia de La Rioja,  -como lo pide-".
 
Es que,  "tanto en documentos internacionales, como en las disposiciones legales  que rigen en nuestro país, -incluso de rango constitucional-, se propone no  solo la plena igualdad entre hombres y mujeres sino también el reconocimiento  a la mujer de su derecho a planificar su familia", agregó el Tribunal.
 
Asimismo,  dictaminó que "la Ley Nacional 24.635 considera como violencia laboral  aquella que obstaculiza su permanencia en el empleo, y en el caso, la actora  pretende que se le conceda un cambio en su destino laboral, a fin de poder  concretar su proyecto de vida, -esto es contraer matrimonio y formar una  familia en la provincia de La Rioja, donde reside su pareja-".
 
Luego, la  mayoría de la Cámara señaló que "sin perjuicio de que la Ley de Contrato  de Trabajo solo contempla el ius variandi como derecho del empleador",  esa facultad, "confrontada con los derechos que a la mujer le acuerdan  los tratados internacionales" y "la Ley Nacional 24.635, imponen  considerar como acto de violencia en el ámbito laboral en contra de la mujer,  cualquier decisión que se adopte y que interfiera en el logro de los  objetivos de la normativa".
 
"La  accionada ha reconocido tener un Consejo Local en la Provincia de La  Rioja" pero "en las dos oportunidades en que ha denegado la  modificación del destino laboral de la actora lo ha hecho con el único  argumento de no tener vacantes, en tren de enfrentar la solicitud de la  empleada", manifestó después el Tribunal.
 
Dicho eso,  la Cámara del Trabajo enfatizó que era "un acto de violencia" hacia  la actora el "dejarle como única opción para concretar su proyecto de  vida de comenzar una familia y ser madre a una edad en la que sus  posibilidades son cada vez menores, renunciar a su puesto de trabajo, ya que  ante la negativa de la empleadora ésta parecería la única salida que le  quedaría".
 
Además, si  "la actora tuviera que renunciar a su empleo con el fin de poder  realizar su proyecto de vida, importaría, sin lugar a dudas, un atentado  contra su derecho a la permanencia en el trabajo y violencia contra su  persona, en tanto la decisión que pudiese adoptar no sería tomada con  libertad", agregó el fallo.
 
Por lo tanto,  la mayoría del tribunal decidió admitir la acción de amparo de la actora. En  consecuencia, condenó a la obra social demandada a "trasladar a la  actora con el mismo o similar cargo y las mismas o similares funciones que  cumple a las oficinas que posee en la Provincia de La Rioja".
 
Fallo  comentado:  
 
En la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de NOVIEMBRE de 2011,  se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de  Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de  acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el  siguiente orden:
 
EL DOCTOR  LUIS A. CATARDO DIJO:
 
I.- La  actora apela el rechazo de la acción de amparo mediante la cual solicita a la  empleadora su traslado desde la central de la demandada en Buenos Aires al  Consejo Local de La Rioja con la misma categoría administrativa, por razones  personales que invoca en su escrito inicial.
 
II.- Se  queja de la interpretación y alcances otorgados por el señor Juez a quo sobre  el ejercicio del ius variandi, quien, dice, no existe ninguna norma que ponga  en cabeza del trabajador tal derecho.
 
Comparto el  criterio del sentenciante de grado, en cuanto las facultades de organización  en el marco de una empresa son propias del empresario por ser el titular de  esa estructura o unidad de gestión empresarial. El límite del ejercicio de  esa facultad está regulado en el artículo 66 de la L.C.T. al establecer que  el cambio o alteración de las condiciones de trabajo no deben importar un ejercicio  irrazonable de esa facultad, no alterar modalidades esenciales del contrato,  ni causar perjuicio material ni moral al trabajador.
 
Tampoco ha  sido acreditada la hipótesis de un posible acto discriminatorio.
 
La negativa  de la demandada a cambiar a la actora de su sede de trabajo responde, según  la prueba documental que acompañada a fs. 12/14, a razones de imposibilidad  estructural. El antecedente que denuncia la apelante sobre la señora  Bernoits, cuyo traspaso fue autorizado de la provincia de Corrientes al  Departamento de Administración de Personal, fue motivado por un contexto  generado en función de la necesidad de la propia empleadora (ver fs.47),  circunstancia sobre la que no se ha ofrecido prueba en contrario, deficiencia  que deberá asumir.
 
Por lo  tanto, no se advierte un supuesto acto discriminatorio, porque no ha existido  una conducta jurídicamente reprochable. No se debe perder de vista que para  que tenga lugar un acto discriminatorio son necesarios diversos elementos: un  sujeto perteneciente a alguna de las categorías susceptibles de  discriminación; otro, integrante de un grupo caracterizado por su hostilidad  hacia al de pertenencia del primero; una conducta exterior -jurídicamente  reconocible- hacia aquel, diferente de la que se adoptaría regularmente,  frente a un sujeto no estigmatizado. Existe, entonces, una situación grupal  objetiva discriminable; una razón del discriminar, y un acto injusto, por el  que se niega a alguien lo que se reconoce a la generalidad, con fundamento  único en la pertenencia del sujeto al grupo en cuestión. Los alcances del  concepto de discriminación muchas veces son utilizados con una excesiva  latitud.
 
En el caso,  la empleadora se encontraba plenamente facultada para organizar su empresa de  acuerdo a criterios de funcionalidad. Aun cuando la actora fundara su pedido  en razones de gratitud por los anos de trabajo, la empleadora no estaba  obligada legalmente a satisfacerlo en tanto la relación laboral es una  relación jurídica.
 
III.- Las  costas dispuestas en origen serán confirmadas en atención a la naturaleza de  la cuestión debatida (artículo 68 segundo párrafo) IV.- Las regulaciones de  honorarios se adecuan a las pautas arancelarias (artículos 6°, 7°, 8 y 19 de  la Ley 21.839).
 
V.- Por lo  expuesto, y argumentos propios de la sentencia apelada, propongo se la  confirme en todo lo que fue objeto de agravios; se impongan las costas de  Alzada en el orden causado, atento a la naturaleza de la cuestión debatida; y  se regulen los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos  a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en  origen (artículo 14 de la Ley 21.839).
 
EL DOCTOR  VICTOR A.PESINO DIJO:
 
Llegan las  presentes actuaciones a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de  apelación interpuesto por la parte actora a fs. 81/82, contra la sentencia de  fs. 76/79 que rechazo la demanda. A fs. 83 apela la representación letrada de  la parte demandada la forma en que fueron impuestas las costas del proceso.
 
Se queja la  accionante por lo que considera incorrecta valoración del material  probatorio, sosteniendo que la postura de la demandada es arbitraria porque  ha tratado de forma desigual dos casos idénticos y la solución dada en la  etapa anterior desoye las directrices del principio protectorio. Afirma que  existiendo vacantes en la provincia de La Rioja puede disponerse su pase en  la misma o diferente categoría, máxime cuando lo viene solicitando desde 2008  y que ello en nada afectaría la prestación de sus servicios.
 
Corresponde  memorar que la actora inicia esta demanda para que la accionada acceda a su  pase a la Provincia de La Rioja con el fin de formar una familia ya que su  pareja reside alii. Refiere trabajar desde el 13 de marzo de 1985, haciéndolo  actualmente como administrativa en el Departamento de Fiscalización.
 
Añade que  con fecha 19 de mayo de 2010 solicito su pase mediante nota, el que le fuera  denegado por inexistencia de vacantes, en virtud de lo dispuesto por los  artículos 65/66 de la L.C.T. y 16, 20, 23 y 24 del CCT 967/08. Sostiene que  la medida afecta su proyecto de vida, transgrede normas internacionales de  rango constitucional e importa trato discriminatorio ya que a otra empleada  se le concedió el pedido.
 
Por su  parte la Obra Social, al contestar demanda reconoce que la actora efectuó un  pedido de traslado en el mes de septiembre de 2008, el que no fue atendido  porque no existía vacante en el Consejo Local La Rioja, no siendo posible su  reubicación. Reiterado el pedido en mayo de 2010 es denegado por las mismas  razones. Expresa que actuó siempre de buena fe, ejerciendo las facultades de  los artículos 63 a 65 de la L.C.T. ya que no existe norma que obligue al  empleador a acceder al pedido de traslado de lugar de trabajo en la medida en  que no existan vacantes y/o posibilidades de efectivizarlo.
 
2) La  accionada ha hecho especial hincapié en este expediente en que las  denegatorias a las solicitudes de traslado efectuadas por la actora se  debieron a la inexistencia de vacantes. Solo subsidiariamente recurrió al  argumento de las facultades de los artículos 63 a 65 de la L.C.T. y a la  inexistencia de norma legal alguna que la obligue a acceder a traslados de  personal.
 
Para  resolver la cuestión estimo necesario señalar que ha sido preocupación  creciente de los Estados levantar las barreras que obstaculizan la igualdad  de género, derecho humano básico cuyo logro tiene enormes ramificaciones  socioeconómicas, en tanto -como ha expresado la ONU en diferentes Asambleas  Generales- el fortalecimiento de las mujeres permite dar impulso a las  economías florecientes, a la productividad y al crecimiento. En ese marco, en  el mes de julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas creo ONU  Mujeres para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, por  considerar -entre otras razones- que las desigualdades entre los géneros  están muy arraigadas en las sociedades. Así, la ONU ha advertido que las  mujeres no tienen acceso a un trabajo decente y hasta se enfrentan a la  segregación ocupacional (www.unifemweb.org.mx).
 
En este sentido,  un tratado internacional (que en nuestro país tienen rango constitucional;  art. 75, inc. 22, C.N.), hace referencia al tema.
 
En efecto,  la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación  contra la Mujer, establece en su preámbulo que los Estados partes tienen la  obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos  los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos,  ".Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios  de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta  la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la  vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un  obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que  entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar  servicio a su país y a la humanidad. Teniendo presentes el gran aporte de la  mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora  no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función  tanto del padre como de la madre en la familia y en la educación de los  hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe  ser causa de discriminación.".
 
Así, el  artículo 3 de la citada Convención establece que "Los Estados Partes  tomaran en todas las esferas, y en particular en las esferas política,  social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de  carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la  mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos  humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el  hombre. Y en el artículo 5 se determina que "Los Estados Partes tomaran  todas las medidas apropiadas para: b) Garantizar que la educación familiar  incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social.".  En esa línea, en el artículo 11 se dice que "1.
 
Los Estados  Partes adoptaran todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación  contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en  condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular:  a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 2. A  fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o  maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados  Partes tomaran medidas adecuadas para: c) Alentar el suministro de los  servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen  las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo.  Por último, el artículo 16 establece que ".1. Los Estados Partes  adoptaran todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra  la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones  familiares." En Viena, entre el 14 y el 25 de junio de 1993 se llevo a  cabo la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que emitió la "Declaración  y Programa de Acción de Viena" mediante la cual la Conferencia reconoció  y afirmo que todos los derechos humanos tienen su origen en la dignidad y el  valor de la persona humana, y que esta es el sujeto central de los derechos  humanos y las libertades fundamentales, por lo que debe ser el principal  beneficiario de esos derechos y libertades y debe participar activamente en  su realización. En esa línea estableció que "18.Los derechos humanos de  la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los  derechos humanos universales".
 
En esa  línea "La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a los gobiernos,  las instituciones intergubernamentales y las organizaciones no  gubernamentales a que intensifiquen sus esfuerzos en favor de la protección y  promoción de los derechos humanos de la mujer." y, con especial  referencia a la igualdad de condición y los derechos humanos de la mujer  determina ".41. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce la  importancia del disfrute por la mujer del más alto nivel de salud física y  mental durante toda su vida. En el contexto de la Conferencia Mundial sobre  la Mujer y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de  discriminación contra la mujer, así como de la Proclamación de Teherán de 1968,  la Conferencia reafirma, sobre la base de la igualdad entre hombres y  mujeres, el derecho de la mujer a tener acceso a una atención de salud  adecuada y a la más amplia gama de servicios de planificación  familiar.".
 
En la  Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada  por Resolución de la ONU 48/104 del 20 de diciembre de 1993, la Asamblea  General mostro su preocupación ".por el descuido de larga data de la  protección y fomento de esos derechos y libertades en casos de violencia  contra la mujer." y su alarma ".por el hecho de que las  oportunidades de que dispone la mujer para lograr su igualdad jurídica,  social, política y económica en la sociedad se ven limitadas, entre otras  cosas, por una violencia continua y endémica.". Y en esa inteligencia  estableció en su artículo 3 que ".La mujer tiene derecho, en condiciones  de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y  libertades fundamental en las esferas política, económica, social, cultural,  civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran) El derecho al  mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar; g) El derecho a  condiciones de trabajo justas y favorables.".
 
En la  Convención Interamericana para prevenir; sancionar y erradicar la violencia  contra la Mujer (Convención de Belem Do Para, 9 de junio de 1994), los  Estados partes determinaron "Artículo 4: Toda mujer tiene derecho al  reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y  a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e  internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre  otros: e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y  que se proteja a su familia. Artículo 5: Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente  sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contara  con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos  regionales e internacionales sobre derechos humanos. Artículo 8: Los Estados  Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas especificas,  inclusive programas para: a. fomentar el conocimiento y la observancia del  derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a  que se respeten y protejan sus derechos humanos".
 
La  Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo se celebro en El  Cairo (Egipto) del 5 al 13 de septiembre de 1994 y dio forma definitiva a un  Programa de Acción sobre población y desarrollo, en cuyo Capítulo IV,  denominado "Igualdad y equidad entre los sexos y habilitación de la  mujer", se estableció que la habilitación de la mujer y el mejoramiento  de su condición constituyen en si un fin de la mayor importancia y son  indispensables para lograr el desarrollo sostenible.
 
Los  objetivos al respecto son: lograr la igualdad y la equidad entre el hombre y  la mujer, permitir que la mujer realice plenamente sus posibilidades y  asegurar que todas las mujeres, al igual que los hombres, reciban la  educación necesaria para satisfacer sus necesidades humanas básicas y ejercer  sus derechos humanos. Entre las medidas recomendadas figuran las de promover  el empleo de la mujer.
 
Por su  parte en el Capitulo V, llamado "La familia, sus funciones, derechos,  composición y estructura" se reconoce que la familia es la unidad básica  de la sociedad a la vez que se afirma que diversas causas de desplazamiento  han provocado mayores tensiones en la familia, al igual que los cambios  económicos y sociales. Por ello se establecen, entre otros los siguientes  objetivos: a) Elaborar políticas y leyes que presten mayor apoyo a la  familia, contribuyan a su estabilidad y tengan en cuenta su pluralidad de  formas, en particular en lo que se refiere al creciente número de familias  monoparentales; b) Promover la igualdad de oportunidades de los miembros de  la familia, especialmente los derechos de la mujer y los niños en la familia;  c) Velar por que todas las políticas sociales y de desarrollo presten apoyo y  protección a las familias y respondan plenamente a las necesidades cambiantes  y diversas de las familias.
 
Finalmente  en el Capítulo VII se reconocen a todos los hombres y mujeres los derechos  inherentes a la planificación familiar. Al respecto la Conferencia recomienda  que se adopten medidas para ayudar a las parejas y a las personas a alcanzar  sus objetivos de procreación. Es más, se destaca que los gobiernos y la  comunidad internacional deberían utilizar todos los medios de que dispusieran  para apoyar el principio de elección voluntaria en materia de planificación  de la familia, a punto tal que pide a todos los países que determinen y  eliminen todas las barreras importantes que todavía existen para la  utilización de los servicios de planificación de la familia. Se insta a los  gobiernos a que proporcionen, por todos los conductos posibles, un entorno  propicio para el suministro de servicios de información de alta calidad en  materia de planificación de la familia y salud reproductiva, en los sectores  público y privado.
 
En el orden  local, se encuentra vigente la ley 26485, de protección integral para  prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los  ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, cuyo artículo 6  establece ".c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que  discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que  obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o  permanencia en el mismo." Artículo 11.El Estado nacional implementara el  desarrollo de las siguientes acciones prioritarias. Ministerio de Trabajo,  Empleo y Seguridad Social de la Nación: a) Desarrollar programas de  sensibilización, capacitación e incentivos a empresas y sindicatos para  eliminar la violencia laboral contra las mujeres y promover la igualdad de  derechos, oportunidades y trato en el ámbito laboral, debiendo respetar el  principio de no discriminación en: 3. La permanencia en el puesto de  trabajo".
 
3) Es  evidente que, tanto en los documentos internacionales antes mencionados, como  en las disposiciones legales que rigen en nuestro país, incluso de rango  constitucional, se propone no solo la plena igualdad entre hombres y mujeres  sino también el reconocimiento a la mujer de su derecho a planificar su  familia, de modo tal de realizar plenamente sus posibilidades, a punto tal que  la ley 24.635 considera como violencia laboral aquella que obstaculiza su  permanencia en el empleo.
 
La aquí  actora pretende se le conceda un cambio en su destino laboral, a fin de poder  concretar su proyecto de vida, esto es contraer matrimonio y formar una  familia en la provincia de La Rioja, donde reside su pareja.
 
Ciertamente  que la Ley de Contrato de Trabajo solo contempla el ius variandi como derecho  del empleador a modificar las condiciones de prestación de los servicios,  pero esta facultad, confrontada con los derechos que a la mujer le acuerdan  los tratados internacionales de Derechos Humanos, las recomendaciones de la  O.N.U. a las que hiciera referencia (si bien dirigidas a los Estados, el  Poder Judicial, como uno de sus poderes, no puede sustraerse a las directivas  encaminadas a poner en marcha los mecanismos necesarios para la plena  realización de la mujer) y las disposiciones pertinentes de la ley  24.635,especialmente las que recomiendan promover su realización plena y sin  obstáculos, incluso en lo que atañe a la planificación de su familia,  teniendo en cuenta la importancia que se le ha dado a nivel internacional, a  mi juicio imponen considerar como acto de violencia en el ámbito laboral, en  contra de la mujer, a cualquier decisión que se adopte y que interfiera en el  logro de esos objetivos, cuando la misma carece de fundamento serio y permite  vislumbrar resabios de arbitrariedad en tanto el empleador se encuentra en  condiciones de adoptar las medidas necesarias para satisfacer el pedido de la  empleada.
 
Digo esto  porque la accionada ha reconocido tener un Consejo Local en la Provincia de  La Rioja y en las dos oportunidades en que ha denegado la modificación del  destino laboral, lo ha hecho con el único argumento de no tener vacantes y si  bien en la nota de fs. 39 se mencionaron algunas disposiciones del  C.C.T.967/08 "E", ninguna de ellas tiene algo que ver con la  situación que se discute en autos.
 
Desde esta  óptica -repito-, en tren de enfrentar la solicitud de la empleada y el  derecho que le compete al empleador, considero que constituye un acto de  violencia en su contra dejarle como única opción, para concretar su proyecto  de vida de comenzar una familia y ser madre a una edad en las que sus  posibilidades son cada vez menores, renunciar a su puesto de trabajo, ya que  ante la negativa formulada por la empleadora, esta parecería la única salida  que le quedaría para concretar su proyecto.
 
Y esta  elección, de llevarse a cabo, importaría, sin lugar a dudas, un atentado  contra su derecho a la permanencia en el trabajo -como expresara en el ultimo  párrafo del considerando anterior- y violencia contra su persona, en tanto la  decisión que pudiese adoptar no sería tomada con libertad. No es ocioso  destacar que el artículo 9 del C.C.T. 967/08 "E" (aplicable en el  ámbito de la demandada) determina que es obligación de la Obra Social la de  garantizar a sus trabajadores ocupación efectiva, salvo por razones fundadas  que impidan cumplir con esta obligación.
 
En este  sentido, no advierto que la presunta inexistencia de vacantes constituya una  razón fundada para denegar el pedido de la actora, pero si implica  incumplimiento de garantizar ocupación efectiva, en tanto la única  alternativa es su renuncia.
 
4) Por todo  ello entiendo que, a la luz de las disposiciones aludidas, la actora tiene  derecho a que la Obra Social demandada le asigne un puesto de trabajo en el  Consejo Local de la Provincia de La Rioja, como lo pide.
 
Ahora bien,  resulta de meridiana claridad que, a esta altura de los acontecimientos, la  presunta vacante que debía existir hace poco más de un apto ya debe haber  sido cubierta. Sin embargo esta circunstancia no obsta a la emisión de un  pronunciamiento en línea con los argumentos expuestos a lo largo de mi voto,  que no implicaría fallar extra petita, en tanto el sustrato del reclamo se  centra en la concesión de una petición de traslado a lo que la empleadora se  negara solo por no existir vacantes.
 
En este  sentido, la obligación de la Obra Social de garantizarle el derecho a la  permanencia en el empleo y, por ende, a trabajar, no conlleva la obligación  de generar un puesto de trabajo, cuando el mismo no está disponible o no  existe. En consecuencia, estimo que corresponde condenar a la accionada a  trasladar a la actora con el mismo o similar cargo y las mismas o similares  funciones que cumple, a las oficinas que posee en la Provincia de La Rioja, a  cuyo efecto deberá seguirse el siguiente procedimiento: a) La Obra Social  para la Actividad Docente, deberá proceder a asignar a la actora la primera  vacante que se produzca en la Provincia de La Rioja, en puesto de la misma  y/o similar categoría y/o función que la que posee al día de la fecha; b) Con  el fin de asegurar el cumplimiento de dicha orden, la parte demandada deberá  informar al Juzgado interviniente, dentro del plazo de tres días de quedar  firme este pronunciamiento, cuales son los puestos funcionales existentes al  día de la fecha, equivalentes al que la actora ostenta y que podrían ser  desempeñados por la misma; c) Mensualmente, y hasta el día 10, el organismo  demandado deberá poner en conocimiento en el expediente, si se han producido  o no vacantes en los cargos y/o funciones que pudieran ser cumplidas por la  actora y cuál es el procedimiento que se ha seguido para su cobertura, de no  habérsela trasladado. Las obligaciones impuestas en estos dos últimos  apartados generaran, para el caso de incumplimiento, una multa por cada día  de retardo, de un importe igual al valor de la remuneración diaria de la  actora, la cual se devengara en forma automática por el solo vencimiento del  plazo y sin necesidad de formular requerimiento alguno; d) Si verificada la  existencia de una vacante, la accionada no trasladara a la actora dentro del  plazo de cinco días de producida, resultara de aplicación la misma sanción del  apartado anterior.
 
Por todo lo  expuesto soy de opinión de que se revoque la sentencia de primera instancia,  se haga lugar a la demanda y se ordene a la accionada proceda al traslado de  la actora a la Provincia de La Rioja, mediante el procedimiento delineado en  el considerando respectivo En cuanto a las costas del proceso, sugiero se  pongan a cargo de la demandada, habida cuenta que la accionante se vio  obligada a litigar para que se le reconozca un Derecho Humano fundamental,  siendo de destacar que las respuestas brindadas por la demandada en dos  oportunidades a su pedido de traslado, en realidad revelan un manejo  discrecional, alejado de toda razonabilidad y contrario a lo establecido por  documentos internacionales y normas legales y tratados en vigencia en nuestro  pais (artículo 68 C.P.C.C.).Regular los honorarios de la representación y  patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada en $. y $.,  respectivamente.
 
LA DOCTORA  ESTELA M.FERREIROS DIJO:
 
Adhiero al  voto del Doctor Pesino, no solo por sus fundamentos, que comparto, sino  también porque tengo para mí, que si bien todos los derechos que protegen  bienes jurídicos, deben ser debidamente receptados, en el caso que nos ocupa,  se da un cumulo de ellos, con enorme relevancia.
 
El derecho  al trabajo conlleva, el derecho a la continuidad, a la seguridad, a la  igualdad, y, consecuentemente, se encuentra ensamblado con el derecho a  formar una familia.
 
No por  nada, el mismo y "la protección integral de la familia", se  encuentran legislados en el artículo social por excelencia de la Constitución  Nacional (14 bis).
 
Existiendo  la posibilidad, ya que la demandada posee lugar de actividades en el sitio  que requiere la actora, no hacer curso a su pretensión seria obstaculizar  ambos derechos. Esto conduciría, a mi modo de ver, una flagrante  arbitrariedad y un quebrantamiento al derecho a una vida digna.
 
Por ello,  el TRIBUNAL RESUELVE:
 1)      Revocar la sentencia apelada; hacer lugar a  la demanda y ordenar a la accionada proceda al traslado de la actora a la  Provincia de La Rioja, mediante el procedimiento delineado en el considerando  respectivo 2) Imponer a la parte demandada las costas del proceso; 3) Regular  los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y  de la demandada, por la total actuación en la causa, en $. y $.,  respectivamente.
 2)         Regístrese, notifíquese y,  oportunamente, devuélvanse.
 
LUIS A.  CATARDO - JUEZ DE CAMARA - VICTOR A. PESINO - JUEZ DE CAMARA - ESTELA M.  FERREIROS - JUEZ DE CAMARA - Ante mi: ALICIA E. MESERI SECRETARIA
 
 
Publicado  en el Actio Reporte del 06 de marzo de 2012.
 
 (*) Abogado (UBA). Presidente de Actio Consultores Jurídicos S.A.
 
 

Lavalle 648 - Piso 2 (1047)
Buenos Aires - República Argentina

(54-11) 4322-3071/3120/5654/
6188 /6335/6348/8655
                                       
Regreso al contenido | Regreso al menu principal