Nulidad del despido y reintegro del trabajador... (09-07-12) - ACTIO WEB

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Nulidad del despido y reintegro del trabajador.
     
Escribe el Dr. Rodolfo Aníbal  González (*)
 
     

 La trabajadora, que se desempeñaba en el Colegio Público de Abogados de la  Capital Federal, dedujo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un  recurso extraordinario contra la sentencia de la Sala III de la Cámara  Nacional de Apelaciones del Trabajo, que fue adversa a su reclamo de nulidad  del despido y reinstalación en el cargo, fundada en el art. 1 de la ley  23.592 y en considerar que el motivo real del despido no fue el invocado a  modo de justa causa por la demandada, sino que respondió a razones de índole  discriminatoria.
 La Cámara laboral había sostenido, a tal fin, que la respuesta de  “nulidad intensa” que contempla la norma citada requiere de “una prueba muy  convictiva y una apreciación exigente de los elementos probatorios  acompañados”.
 Asentó tales afirmaciones en dos razones: la primera, que el régimen de  estabilidad relativa impropia sólo genera consecuencias indemnizatorias, y la  segunda, que el juego armónico de los arts. 14, 14 bis, 17 y 33 de la  Constitución Nacional, impone un “estricto análisis de las motivaciones que  subyacen en la decisión disolutoria del contrato de trabajo”.
 Con este marco, y después de establecer que el aludido “esfuerzo probatorio”  recaía “únicamente” sobre la trabajadora, juzgó que los elementos de  ilustración acompañados no fueron “suficientes” para establecer un “claro  nexo causal” entre la ruptura contractual y el motivo invocado por la actora,  no obstante admitir la existencia de indicios favorables al respecto.
 Con fecha 15 de noviembre de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la  Nación decidió modificar el criterio de la Cámara laboral. Según el Alto  Tribunal, corresponde tomar en consideración los tratados internacionales —  recordar los términos del art. 75.22, segundo párrafo, de la Constitución  Nacional—, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la  Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos  Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos,  antecedentes de acuerdo con lo sostenido por el Tribunal en el caso “Álvarez,  Maximiliano c/ Cencosud S.A.”
 Según el fallo en comentario, estas normas se proyectan sobre la ley 23.592,  en cuanto a su régimen probatorio, en situaciones en las que se controvierte  el motivo real de un acto particular tildado de discriminatorio.  Primeramente, al reducir el grado de convicción que, respecto de la  existencia del motivo discriminatorio, debe generar la prueba que recae sobre  quien invoca ser víctima de dicho acto. Y, en segundo lugar, al modular, a  partir de lo anterior, la distribución de la carga de la prueba y la medida  en que ésta pesa sobre el demandado al que se imputa la responsabilidad por  el mencionado acto.
 En todo caso, según la sentencia, ambas reglas parten de un dato realista:  las serias dificultades probatorias por las que regularmente atraviesan  dichas víctimas para acreditar, mediante plena prueba, el aludido motivo.
 En tal sentido, recuerda que uno de los problemas de procedimiento más  importantes que se plantean cuando una persona alega una discriminación en el  empleo o la ocupación, se refiere a que con frecuencia le corresponde la  carga de la prueba del motivo discriminatorio subyacente al acto incriminado,  lo que puede constituir un obstáculo insuperable a la reparación del  perjuicio sufrido.
 Lo más frecuente es que la discriminación sea una acción o una actividad más  presunta que patente, y difícil de demostrar tanto más cuanto que la  información y los archivos que podrían servir de elemento de prueba están la  mayor parte de las veces en manos de la persona a la que se dirige el  reproche de discriminación.
 Por consiguiente, en algunos países la legislación o la jurisprudencia  invierten a veces la carga de la prueba o, por lo menos, dan una cierta  flexibilidad a la parte de la carga de la prueba que corresponde al  reclamante.
 Cuando los indicios sean más bien favorables al demandante, es decir si el  defensor no es capaz de oponer una respuesta satisfactoria a una demanda, se  podrá deducir razonablemente que ha habido discriminación.
 En este marco, la persona que aduce una discriminación debe ante todo  demostrar que una desigualdad de trato o de oportunidades coincide con una  desigualdad de raza, sexo, religión, opinión política, actividad sindical,  etc. Si tal cosa se demuestra, la carga de la prueba será de la incumbencia  del empleador, que habrá de demostrar que había un motivo legítimo, no  discriminatorio.
 En consecuencia, la exigencia de que sea el autor de la discriminación el que  aporte la prueba de que el motivo de la medida adoptada no guarda relación con  la demanda constituye una protección suplementaria para la persona  discriminada, pudiendo al mismo tiempo tener un efecto disuasivo.
 La cuestión de la carga de la prueba tiene una importancia fundamental en  toda discriminación alegada, dado que, con frecuencia, una persona  discriminada dudará en llevar su caso a las instancias competentes, porque la  mayor parte de las veces no dispondrá del conjunto de elementos de prueba  necesarios. De todo ello se desprende, que existen circunstancias en las  cuales la carga de la prueba del motivo discriminatorio no debe corresponder  a la víctima que alega una discriminación.
 En tal sentido, cuando se prueba indiciariamente por el trabajador que una  extinción contractual puede enmascarar una lesión de derechos fundamentales,  incumbe al empresario acreditar que su decisión obedece a motivos razonables  y ajenos a todo propósito atentatorio del derecho de que se trate.
 Para ello, es preciso que el trabajador aporte un indicio razonable de que el  acto empresarial lesiona su derecho fundamental, principio de prueba o prueba  verosímil dirigido a poner de manifiesto el motivo oculto que se denuncia y  que debe permitir deducir la posibilidad de que ha podido producirse. Sólo  una vez cumplido este primer e inexcusable deber, recaerá sobre la parte  demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas reales  absolutamente extrañas a la pretendida vulneración, así como que tenían  entidad suficiente para justificar la decisión adoptada.
 Todo ello, finalmente, determina las especificidades a las que han de  ajustarse las reglas o pautas que en materia probatoria han de regir en los  procesos civiles relativos a la ley 23.592, en los que se controvierte la  existencia de un motivo discriminatorio en el acto en juego.
 Así, a modo de conclusión, resultará suficiente, para la parte que afirma  dicho motivo, con la acreditación de hechos que, prima facie evaluados,  resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al  demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de  que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda  discriminación.
 La evaluación de uno y otro extremo, naturalmente, es cometido propio de los  jueces de la causa, a ser cumplido de conformidad con las reglas de la sana  crítica.
 Corresponde advertir, con todo, que la doctrina del Tribunal no supone la  eximición de prueba a la parte que tilda de discriminatorio a un acto pues,  de ser esto controvertido, pesa sobre aquélla la carga de acreditar los  hechos de los que verosímilmente se siga la configuración del motivo  debatido.
 
Publicado  en el Actio Reporte del 9 de julio de 2012.
 
 (*) Abogado (UBA). Presidente de Actio Consultores Jurídicos S.A.
 
 

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