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La Corte Suprema de Justicia de la Nación extiende derechos   sindicales a asociaciones sin personería gremial.
            
Escribe el Dr. Rodolfo Aníbal   González (*)
  
            
Para   comprender los alcances de esta importante decisión del más alto tribunal, es   menester repasar algunos conceptos del régimen vigente.
  Tipos de asociaciones   sindicales
  La Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales de Trabajadores contempla tres   tipos:
  Las constituidas por:
  a.   Trabajadores de una misma actividad o actividades afines (L. art. 10). Se   trata de las organizaciones denominadas verticales, que agrupan trabajadores   por la actividad del establecimiento. Comprenden a todos aquellos que   trabajan en establecimientos de una actividad similar, cualquiera sean sus   funciones y tareas. (Ej. Unión Obrera Metalúrgica, Asociación Obrera Textil).   Este tipo aglutina el mayor número de sindicatos en nuestro país.
  b.   Trabajadores del mismo oficio, profesión o categoría, aunque se desempeñen en   actividades distintas (L. art. 10). Son las organizaciones horizontales y   agrupan a los trabajadores según su oficio, prescindiendo de la actividad del   establecimiento en la que se prestan (Ej. Asociación de Viajantes de   Comercio, Unión de Personal de Seguridad).
  c.   Trabajadores que presten servicios en una misma empresa (L. art. 10).
  Formas de asociación   sindical. Sindicatos o uniones. Federaciones y confederaciones.   
  Las asociaciones pueden asumir algunas de las siguientes formas (L. art. 11):   
  a. Sindicatos   o uniones (L. art. 11). Son las asociaciones de primer grado, integradas por   personas que se desempeñan en una misma actividad, profesión, oficio o empresa.   
  b.   Federaciones, cuando agrupan asociaciones de primer grado (L. art. 11). Son   las asociaciones de segundo grado. Tienen en común con los sindicatos que   representan, el hecho de integrar una misma actividad, profesión u oficio.
  c.   Confederaciones, cuando agrupen a las asociaciones contempladas en a. y b.   (L. art. 11). Son entidades de tercer grado. Se diferencian de las   federaciones en virtud de que las entidades se reúnen sin tener identidad de   actividad, profesión u oficio.
  Derechos de las asociaciones   sindicales.
  Los principales derechos de las asociaciones sindicales (L. art. 5), son los   siguientes:
  a.   Realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los   trabajadores.
  b.   Ejercer el derecho a negociar colectivamente, el de huelga y el de adoptar   demás medidas legítimas de acción sindical (L. art. 5).
  Derechos de las   asociaciones sindicales con personería jurídica.
  La asociación sindical a partir de su inscripción, adquiere personería   jurídica y tiene los siguientes derechos (L. art. 23):
  a.   Peticionar y representar, a solicitud de parte, los intereses individuales de   sus afiliados (L. art. 23).
  b.   Representar los intereses colectivos, cuando no hubiere en la misma actividad   o categoría asociación con personería gremial (L. art. 23).
  c.   Imponer cotizaciones a sus afiliados (L. art. 23). Pero no pueden recaudar   las cotizaciones de sus afiliados por el sistema que la ley otorga a las   asociaciones sindicales con personería gremial, a través de la retención   obligatoria del empleador sobre los haberes del trabajador afiliado.
  De acuerdo a la ley, los derechos que se reconocen a las asociaciones   simplemente inscriptas, con personería jurídica y sin personería gremial, son   muy limitados, por lo que su accionar sindical es -en los hechos- muy   limitado. Se ha sostenido que ello vulnera la libertad sindical, ya que la   ley 23.551 no reconoce verdaderos derechos sindicales a este tipo de   asociaciones, a pesar de que la Constitución Nacional consagra la   organización sindical libre y democrática, sin otro requisito que la   inscripción en un registro.
  Asociaciones   sindicales con personería gremial. El sistema de personería gremial.   
  De acuerdo a la ley 23.551, el sistema sindical argentino se estructura sobre   la base del otorgamiento por el Estado de la representación de los intereses   de los trabajadores, única y monopólica, a un número limitado de gremios.
  Este conjunto de derechos y facultades exclusivas se denomina “Personería   Gremial”. Es el sistema que rige en nuestro país   desde hace más de setenta años.
  La ley distingue entre asociaciones sindicales simplemente inscriptas con   personería jurídica, y asociaciones sindicales con personería gremial,   otorgándoles a estas últimas, con carácter exclusivo, todas las facultades y   derechos gremiales que les veda a las primeras.
  La organización sindical resultante se caracteriza por su unicidad, ya que la   entidad que posee personería gremial otorgada por el Ministerio de Trabajo de   la Nación, por considerarla como la más representativa, es la única que   representa a la actividad o categoría profesional.
  Muchas son las críticas formuladas a este sistema. Se lo considera   monopólico, por el otorgamiento de personería gremial a una única asociación   sindical por actividad; estatista y totalitario, por hacer depender de un   acto administrativo del Estado, el ejercicio de los derechos sindicales de   las asociaciones de trabajadores.
  Requisitos para la   obtención de la personería gremial.
  La ley 23.551 establece que la asociación sindical que en su ámbito territorial   y personal de actuación sea la más representativa, obtendrá personería   gremial, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la ley (L.   art. 25). La calificación de más representativa se atribuye a la asociación   sindical que cuente con mayor número promedio de afiliados cotizantes, sobre   la cantidad promedio de trabajadores que intente representar (L. art. 25).
  Cumplidos los recaudos exigidos por la ley, la autoridad administrativa del   trabajo debe dictar una resolución (L. art. 26) otorgando la personería   gremial (L. art. 27).
  Derechos exclusivos de   las asociaciones con personería gremial.
  Los derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial son   los siguientes (L. art. 31):
  a.   Defensa y representación de los trabajadores. Defender y representar ante el   Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los   trabajadores (L. art. 31).
  b.   Intervención en negociaciones colectivas y vigilancia del cumplimiento de la   normativa laboral y de seguridad social (L. art. 31).
  c.   Administración de las obras sociales (L. art. 31).
  El fallo de la Corte   amplia los derechos sindicales
  Según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el amparo de la ley sindical   debe extenderse a las asociaciones sindicales que no cuentan con personería   gremial.
  Así lo ha decidido al declarar la inconstitucionalidad de los artículos 41   inc. a), 44, 48 y 52 de la ley 23551, en la medida en que violan el derecho a   la libertad de asociación sindical, al establecer prerrogativas en materia de   franquicias y licencias a favor de los delegados y dirigentes de las   asociaciones con personería gremial, excluyendo a trabajadores que cumplen   iguales funciones en asociaciones gremiales simplemente inscriptas.
  La sentencia, de fecha 24 de noviembre de 2015, fue dictada por el más alto tribunal   en el expediente “Nueva Organización   de Trabajadores Estatales c. INSSJP s/amparo”
  El caso.   
  La “Nueva Organización de Trabajadores   Estatales (N.Or.T.E.)” -sindicato simplemente inscripto-, dedujo   acción de amparo en procura de la concesión de franquicias gremiales a sus   delegados y de licencias de igual naturaleza a sus dirigentes.
  La asociación planteó la inconstitucionalidad de los arts. 41, inc. a, y 52   de la ley 23.551 de asociaciones sindicales, así como de cualquier otra norma   de orden nacional que vulnerara las garantías de libertad sindical y no   discriminación contempladas en el art. 14 bis y en los Tratados   Internacionales de Derechos Humanos incluidos en el art. 75, inc. 22, ambos   de la Constitución Nacional.
  El fallo   
  El fallo admitió ambas pretensiones. En tal sentido, declaró la   inconstitucionalidad de los arts. 41 inc. a), 44, 48 y 52 de la ley 23.551 y   ordenó al Instituto demandado que se abstuviera de realizar cualquier acto   discriminatorio en materia de franquicias y licencias gremiales, entre los   representantes sindicales y delegados de la actora y aquellos de las   entidades con personería gremial.
  Sostuvo que las funciones limitadas que la legislación reconoce a   determinadas categorías de sindicatos podrían tener por efecto indirecto   restringir la libertad de los trabajadores para adherirse a organizaciones de   su elección, en contraposición con las pautas del Convenio 87 de la   Organización Internacional del Trabajo (1948).
  Sobre esa base, consideró que los citados preceptos legales contienen   diversas limitaciones respecto de los delegados y dirigentes de las entidades   sin personería gremial, que los colocan en notoria desventaja para el   ejercicio de sus actividades gremiales.
  Según la Corte, las impugnaciones vinculadas con la invalidez constitucional   de los arts. 41, inc. a) y 52 de la ley 23.551, encuentran adecuada respuesta   en las consideraciones y conclusiones expresadas en los precedentes   "Asociación de Trabajadores del Estado" y "Rossi"   (Fallos: 331:2499 y 332:2715, respectivamente).
  Ello es así pues, en tanto los arts. 44 y 48 de la mencionada ley establecen   prerrogativas en materia de franquicias y licencias gremiales únicamente en   favor de los delegados pertenecientes a los sindicatos que cuentan con   personería gremial, su descalificación constitucional también encuentra   sustento suficiente en las razones explicitadas en los casos citados.
  Según el tribunal superior, para estar en consonancia con las normas   internacionales de rango constitucional que rigen el instituto de la libertad   sindical, la legislación nacional no puede privar a las organizaciones   sindicales que no hayan sido reconocidas como las más representativas, de los   medios esenciales para defender los intereses profesionales de sus miembros   ni del derecho de organizar su gestión y su actividad.
  En consecuencia, al margen de una prioridad en materia de representación en   las negociaciones colectivas, en la consulta ante las autoridades y en la   designación de delegados ante organismos internacionales, ninguna otra facultad concedida a   los sindicatos con personería gremial puede serles negada a aquellos que no   la tienen.
  Suscriben el fallo los Dres. Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco,   Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt.
  
Publicado   en el Actio Reporte del 29 de Diciembre de 2015.
  
(*) Abogado   (UBA). Presidente de Actio Consultores Jurídicos S.A.
  
  

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