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La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la  inconstitucionalidad del “carácter no remuneratorio” de sumas pactadas en  convenios colectivos
     
Escribe el Dr. Rodolfo Aníbal  González (*)
 
     
La Corte  Suprema de Justicia de la Nación ratificó que es inconstitucional el pago de  sumas no remunerativas, siguiendo el criterio del fuero laboral, en  reiterados fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y  tribunales provinciales de la materia.
 
El fallo  –dictado el 4 de junio de 2013-, recayó en los autos “Díaz, Paulo Vicente c. Cervecería y  Maltería Quilmes S.A.” declarando la invalidez de una cláusula de  un convenio colectivo de trabajo, homologado por el Ministerio de Trabajo de  la Nación, mediante la cual se pactó un anticipo salarial de suma fija no  remuneratoria en noviembre de 2005.
 
La Corte  recuerda que esta cuestión ya obtuvo un pronunciamiento similar en la causa "Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco  S.A.", basándose en que el salario del trabajador se  encuentra protegido por un plexo normativo compuesto por disposiciones de la  Ley Fundamental, así como de numerosos instrumentos de origen internacional,  leyes de derecho interno y fallos de este Tribunal (causa citada, Fallos:  332:2043).
 
En tal  sentido, hallándose ratificado por la República Argentina el Convenio n° 95  de la OIT, según el Alto Tribunal resulta claro que el concepto en cuestión  reviste naturaleza salarial, a la luz de lo dispuesto en el art. 1° de dicho  convenio, en cuanto establece que: "el término salario significa la  remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo,  siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la  legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de  un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya  efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba  prestar".
 
En consecuencia,  según el fallo, corresponde declarar la invalidez de la cláusula  convencional, en cuanto desconoce la naturaleza salarial de las prestaciones  que establece.  Tal como lo expresó esta Corte en el caso  "Madorrán", la Constitución Nacional "...es ley suprema, y todo acto que se le oponga  resulta inválido cualquiera sea la fuente jurídica de la que provenga, lo  cual incluye, por ende, a la autonomía colectiva" (Fallos:  330:1989)...".
 
En el  presente caso, el conflicto radica en que no se puede cambiar la naturaleza  jurídica propia de la contraprestación. Así se encuentra definido por el  mencionado Convenio 95 de la OIT en su artículo 1°. En tal sentido y en  cuanto a la indemnización, debe guardar razonable proporción con los  elementos que componen la remuneración, es decir con la contraprestación que  el trabajador percibe como consecuencia del contrato de trabajo.
 
La indebida  exclusión de conceptos que se encuentran comprendidos dentro de la noción de  salario que brindan, tanto las normas internacionales ratificadas por la  República Argentina, como la propia legislación nacional, afecta el principio  constitucional de retribución justa, que se encuentra en correlación con la  base remuneratoria que compone el derecho, también constitucional, a la  protección contra el despido arbitrario.
 
Finalmente,  la Corte determinó que las disposiciones de las convenciones colectivas deben  ajustarse a los preceptos que rigen las instituciones del derecho del  trabajo, a menos que las cláusulas de la convención relacionadas con cada una  de aquellas instituciones resulten más favorables a los trabajadores (art. 7°  de la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, n° 14.250).  En tal  sentido, cobra relevancia el criterio sentado en el caso "Pérez",  ya citado, en cuanto el Tribunal señaló que la naturaleza jurídica de una  institución debe ser definida, fundamentalmente, por los elementos que la  constituyen, con independencia del nombre que el legislador, o los  particulares, le atribuyen (doctrina Fallos 303:1812).
 
Publicado  en el Actio Reporte del 17 de Junio de 2013.
 
 (*) Abogado (UBA). Presidente de Actio Consultores Jurídicos S.A.
 
 

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