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ASESORAMIENTO JURIDICO LABORAL
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Intervención del Ministerio de Trabajo    ante incumplimientos laborales de los delegados gremiales.
                 
Escribe el Dr. Rodolfo Aníbal    González (*)
   
                 
El fuero sindical. Trabajadores    comprendidos.
   
La Ley    23.551 de Asociaciones Sindicales otorga una amplia protección a los    representantes gremiales. Estas garantías surgen de los artículos 40, 48,    50 y 52 y se las denomina “fuero    sindical”.
   
El art.    48 establece que los trabajadores que, por ocupar cargos electivos en    asociaciones sindicales con personería gremial, dejaran de prestar    servicios, tendrán derecho a gozar de licencia automática sin goce de    haberes, a la reserva del puesto y ser reincorporados al finalizar el    ejercicio de sus funciones, no pudiendo ser despedidos durante el término    de un año a partir de la cesación de sus mandatos, salvo que mediare justa    causa de despido.
   
En su    último párrafo, la norma contempla el caso de los representantes sindicales en la empresa    que continúan prestando servicios (delegados del personal y    miembros de comisiones internas que ejercen sus cargos en los lugares de    trabajo) y establece que "no    podrán ser suspendidos, modificadas sus condiciones de trabajo, ni    despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de sus mandatos y hasta    un año más, salvo que mediare justa causa".
   
En    cuanto a los candidatos    para cargos de representación gremial, según el art. 50, “a partir de su postulación para    un cargo de representación sindical, el trabajador no podrá ser despedido,    suspendido sin justa causa, ni modificadas sus condiciones de trabajo, por    el término de seis meses”.
   
Alcances    de la protección. Desafuero.
   
El art.    52 fija los alcances de la protección gremial y la obligación del trámite    de desafuero previo cuando existe causa que justifique el cese de aquélla.
   
Según el    mismo, “los trabajadores    amparados por las garantías previstas en los arts. 40, 48 y 50 de la    presente ley, no podrán ser despedidos, suspendidos ni con relación a ellos    podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicial    previa    que los excluya de la garantía”.
   
Intervención    del Ministerio de Trabajo.
   
Distinto    es el supuesto contemplado en el art. 31 del decreto 467/88, reglamentario    de la Ley de Asociaciones Sindicales, que establece un mecanismo para    aquellos casos en que, sin llegar al pedido de desafuero, el empleador -en    determinadas circunstancias- requiere la intervención de la autoridad de    aplicación, ante    incumplimientos laborales de un representante gremial.
   
     Según esta norma “cuando    el trabajador amparado por las garantías previstas en los art. 40, 48 ó 50    de la ley realizare algún acto perjudicial para el funcionamiento eficaz de la    empresa,    el empleador podrá solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,    el ejercicio de las facultades que a éste acuerdan los incs. 2 y 3 del    artículo 56 de la ley (1), a cuyo efecto el Ministerio de    Trabajo y Seguridad Social intimará al órgano de conducción de la    asociación sindical a disponer lo necesario para hacer cesar las conductas    denunciadas”.
   
El    decreto no especifica cuando debe considerarse que un representante gremial    “realiza algún acto    perjudicial para el funcionamiento eficaz de la empresa”. En    nuestra opinión, deberemos remitirnos a los supuestos de incumplimientos de    las obligaciones del trabajador establecidas en la Ley de Contrato de    Trabajo.
   
Es    indudable que la efectividad de este procedimiento depende de la autoridad    de aplicación (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), su celeridad y    eficacia. De todos modos, resultará un antecedente importante si, ante la    reiteración y gravedad de posteriores incumplimientos laborales, el    empleador se viera en la necesidad de recurrir a la vía judicial, a los    efectos de solicitar el desafuero previo del representante gremial, ya sea    para la aplicación de una suspensión disciplinaria o en el supuesto de    despido con justa causa.
   
(1) Según el art. 56    de la ley 23.551 “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación    estará facultado para:… 2. Requerir a las asociaciones sindicales que dejen    sin efecto las medidas que importen: a) Violación de las disposiciones    legales o estatutarias; b) Incumplimiento a disposiciones dictadas por la    autoridad competente en el ejercicio de facultades legales. 3. Peticionar    en sede judicial la suspensión o cancelación de una personería gremial o la    intervención de una asociación sindical, en los siguientes supuestos: a)    Incumplimiento de las intimaciones a que se refiere el inc. 2) de este    artículo”.
   
Nota    publicada el 8 de abril de 2008
   
(*)    Abogado (UBA). Presidente de Actio S.A.
   
   

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