Fallo "Sliafertas": Bonificaciones por cese carecen de efectos...(15-03-06) - ACTIO WEB

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Fallo «Sliafertas»: Las bonificaciones  por cese carecen de efectos compensatorios con eventuales reclamos.
     
Escribe el Dr. Rodolfo Aníbal  González (*)
 
     
Cámara  Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VII, "Sliafertas, Edgardo D.  c. Siembra AFJP SA", 26 de octubre de 2005, jueces Estela Milagros  Ferreirós y Néstor M. Rodríguez Brunengo.
 
La  Justicia laboral, modificando radicalmente un criterio de interpretación  reiterado en múltiples fallos, admitió el reclamo de un trabajador que había  renunciado a su empleo, recibiendo voluntariamente una compensación por la  extinción del contrato de trabajo, y que luego demandó a su empleador por  diferencias salariales. Se trata del caso "Sliafertas".
 
Los jueces  desconocieron la compensación que había sido pactada entre las partes, al  entender que el crédito que tenía el empleado no era sido "líquido",  porque no se conocía exactamente su importe al momento de percibirse aquélla.  
 
Modificación  de la jurisprudencia.
 
En agosto  de 1988, en el caso "Gatarri", la Corte Suprema de Justicia  de la Nación se había expedido a favor de la validez de este tipo de acuerdos  y la posibilidad de compensación de reclamos si se había pagado  bonificaciones por cese.
 
En ese  fallo, el máximo tribunal sostuvo que por aplicación del artículo 260 de la  Ley de Contrato de Trabajo debían considerarse a cuenta de eventuales reclamos  futuros, los pagos graciables que, aún sin imputación concreta, hiciera el  empleador al momento de la rescisión por mutuo consentimiento de un contrato  de trabajo.
 
Es decir,  había sentado el criterio de admitir la compensabilidad de sumas pagadas a trabajadores  que cesaban con otras a las que fuesen acreedores por otros conceptos.
 
Desde  entonces, la utilización de acuerdos de extinción del contrato de trabajo  mediante escritura pública, conforme lo establecido por el art. 241 de la Ley  de Contrato de Trabajo o ante el Ministerio de Trabajo y el pago simultáneo  de bonificaciones por cese, eventualmente compensables con cualquier reclamo,  fue una modalidad habitual utilizada por las empresas. La jurisprudencia casi  unánime de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (excepto las Salas  VI y X) y la doctrina de la Corte Suprema avalaban su validez.
 
El caso.
 
En agosto  del 2002, el demandante Sliafertas extinguió la relación laboral con Siembra  AFJP SA, de mutuo acuerdo entre ambas partes, mediante escritura pública, y  recibió un pago de una suma de dinero que sería "compensable"  con cualquier reclamo que el empleado pudiera realizar en el futuro,  vinculado con la extinción de la relación laboral.
 
Casi dos  años después, en febrero del 2004, el ex empleado reclamó a su ex empleadora  el pago de diferencias salariales, producidas por un erroneo encuadre  convencional de la relación laboral.
 
La empresa  rechazó ese reclamo e invocó que le pagó una suma de dinero al extinguir el  contrato de trabajo por mutuo acuerdo, compensable con el reclamo que formuló  el empleado.
 
El fallo  de primera instancia hizo lugar a la compensación opuesta por la demandada,  invocando el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso "Gatarri".  
 
El  fallo de la Cámara.  
 
En segunda  instancia, la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo  recurrió al artículo 819 del Código Civil para establecer que como el crédito  del empleado no habría sido "líquido" (es decir, que no se conocía  exactamente el importe del crédito del empleado) al momento de firmarse el  acuerdo que establecía que el pago sería "compensable", por  lo que no consideró procede la compensación.
 
En el  documento mediante el cual se instrumentó el pago en cuestión, se expresó que  las partes "...resuelven de común acuerdo extinguir los contratos de  trabajo que tenían celebrados...en los términos del art. 241 de la ley de  contrato de trabajo...", recibiendo por ello el trabajador sumas  brutas correspondientes a la gratificación y a las liquidaciones finales que  deberían imputarse a cualquier rubro o diferencia o cualquier otro  resarcimiento que pudiera generar la relación que las unió o su extensión.  Por ello, la empresa en juicio, solicitó su compensación y descuento de las  sumas ya abonadas.
 
Sobre esta  base los jueces entendieron que no puede aplicarse este instituto porque no  puede pretender pagar una deuda cuya existencia y monto todavía se ignora. En  el caso, al importe que se diera en pago se le pretendió adjudicar el  carácter de posible extintor de "abstracciones", al punto de  haberse expresado en el documento que "deberán imputarse en primer lugar  para cubrir hasta su monto cualquier rubro o diferencia que haya podido o  pudiere generar la relación que unió a las partes o la extinción de la misma  incluso cualquier otro resarcimiento cualquiera fuera la legislación  aplicable".
 
Por estos  fundamentos, los jueces rechazaron el pedido de compensación. El tribunal  reconoció que, en su anterior integración, mantuvo el criterio de admitir la  compensabilidad de sumas pagadas a trabajadores que cesaban con otras a las  que fuesen acreedores por cualquier concepto, aún indemnizatorios en el marco  de la ley de accidentes de trabajo, reconocidos por sentencia judicial, en  tanto no hubiese renuncia expresa o velada de derechos de orden público, que  de ningún modo quedase este valor comprometido en el pacto celebrado en el  momento de percibir el trabajor aquella suma global, normalmente imputada a "gratificación".  Es el caso de precedente "Gatarri, Alfredo c. Cometarsa",  (22/8/91), en el que se adoptó el criterio seguido en la misma causa por la  Corte Suprema de Justicia de la Nación (23/08/88) y en numerosos casos  posteriores de esta misma Sala.
 
Sin  embargo, consideró que actualmente se imponía una nueva valoración jurídica  sobre la validez de la compensación.
 
Finalmente…
 
Este nuevo  aporte a la inseguridad jurídica, crea una posibilidad cierta de revisión  de aquellos acuerdos con bonificaciones por cese, arribados en los últimos  dos años, dado que ese es el plazo de prescripción de las acciones judiciales  derivadas de la extinción de las relaciones laborales.
 

 (*) Abogado (UBA). Presidente de Actio S.A.
 
 
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