Es ley el proyecto del PEN de reformas a la Ley de Riesgos del Trabajo (26-10-12) - ACTIO WEB

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Es ley el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional de reformas a  la Ley de Riesgos del Trabajo
     
Escribe el Dr. Rodolfo Aníbal  González (*)
 
     

 El Congreso de la Nación convirtió el miércoles 24 de octubre 2012 en ley el  proyecto de modificación del régimen de Ley de Riesgos del Trabajo (LRT)  presentado por el Poder Ejecutivo Nacional.
 Principal reforma: el sistema de opción
 Principalmente, la nueva ley establece para el trabajador un sistema de  opción obligatoria entre las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del  Trabajo y las indemnizaciones previstas por las leyes civiles para el  resarcimiento del daño.
 Para ello, el artículo 4º del mismo establece:
 “ARTÍCULO 4°.-  Los obligados por la Ley N° 24.557 y sus  modificatorias al pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los 15  (QUINCE) días de notificados de la muerte del trabajador, o de la  homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un  accidente de trabajo o enfermedad profesional, notificar fehacientemente a  los damnificados o a sus derechohabientes los importes que les corresponde  percibir por aplicación de este régimen, precisando cada concepto en forma  separada e indicando que se encuentran a su disposición para el cobro.
 Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones  previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran corresponder  con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los distintos sistemas  de responsabilidad no serán acumulables.
 El principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción  judicial en uno u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos  efectos sobre el evento dañoso.
 Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de  responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la notificación  fehaciente prevista en este artículo.
 La prescripción se computará a partir del día siguiente a la fecha de  recepción de esa notificación.
 En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho  civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios  correspondientes al derecho civil”.
 La opción prevista en la norma, lejos de innovar en el sistema reparatorio,  reproduce casi textualmente el establecido en  1915 por la ley  9688,  en el artículo 17 de la ley 23.643 de 1988  y en el artículo  16 de la ley 24.028 de 1991, normativas anteriores a la Ley de Riesgos del  Trabajo.
 Responsabilidad civil: opción con renuncia en la jurisprudencia de la  Corte Suprema
 De esta forma, recobra vigencia una modalidad similar a la contenida en la  ley 9688, dejando la posibilidad al interesado para que elija la vía de  reparación que transitará dentro de las que le brinda la legislación civil.
 El mensaje que acompañó el proyecto señaló la diferencia existente entre la  opción propuesta y la prevista en el antecedente mencionado: mientras que en  el pasado régimen se optaba a partir del momento mismo del accidente o toma  de conocimiento de la enfermedad y sus consecuencias invalidantes, ahora se  plantea realizarla una vez que se hayan brindado todas las prestaciones  médicas y cobrados todos los salarios en período de curación.  La iniciativa  considera que la asistencia a la víctima sin alteración de su salario será la  base sobre la cual se asentará la decisión libre del damnificado.
 Sin embargo, la opción de elegir una de las dos acciones aparece a primera  vista como contraria a la doctrina expuesta por la Corte Suprema en los  fallos “Aquino” y “Llosco”, en el sentido de que todos los habitantes  sometidos a un daño injustamente sufrido, incluidos los trabajadores, tienen  derecho a una indemnización integral que, para que sea justa, debe cubrir  todos los perjuicios, no pudiendo quedar ningún daño sin su adecuada  reparación.
 Los fallos de la Corte Suprema de Justicia  de la Nación. Posibles  controversias.
 Una importante serie de fallos (“Aquino”, “Llosco”, “Milone”, “Castillo”,  “Venialgo”, “Marchetti”, “Silva”, “Suárez Guimbard”, “Torrillo”, “Arostegui”,  “Lucca de Hoz”, “Ascua”, entre otros), dictados por la Corte Suprema de  Justicia de la Nación determinaron el régimen actual, conformado por un  sistema de reparación de infortunios laborales diferente y mucho más amplio  que el establecido en la ley original de Riesgos del Trabajo.
 El primer fallo (“Aquino”) determinó el carácter constitucional del derecho a  la reparación plena y el otorgamiento de igual rango al principio que prohíbe  a los hombres dañar los derechos de un tercero, interpretando así el artículo  19 de la Constitución Nacional, con la declaración de inconstitucionalidad  del artículo 39, párrafo primero, de la ley 24557 de Riesgos.
 En tal sentido, la Corte Suprema ratificó el criterio de acumulación de  resarcimientos, no en el sentido de que el trabajador o los derechohabientes  cobraran la totalidad de la reparación plena al empleador además de la  indemnización tarifada de la LRT, sino interpretando que el damnificado puede  reclamar de la ART lo regulado por la ley especial y en forma paralela,  sucesiva o conjunta, puede demandar al empleador en razón de los daños y  perjuicios no satisfechos por la indemnización tarifada, a través de la vía  del derecho común, si es que se cumplen los presupuestos de la  responsabilidad civil.
 La actual reforma, al establecer la opción civil excluyente con renuncia a la  indemnización tarifada, se aparta de esta doctrina emanada de la Corte y  podría ser tachada de inconstitucional por los tribunales laborales y  –finalmente- por la Corte Suprema. Para que ello no ocurra, la justicia  debería modificar la doctrina aplicada en todos los antecedentes consignados.  
 Acciones civiles, al fuero civil.  Aplicación de normas y principios  ajenos al derecho laboral.
 La nueva ley deriva las acciones civiles a la Justicia Civil, como fue  dispuesto por primera vez mediante la ley 24028 de 1991. Además, se establece  que en dicho ámbito civil no se deberán tener en cuenta los principios del  derecho del trabajo sino la legislación de fondo, de forma y los principios  correspondientes al derecho civil. Se impone también que la acción fundada en  el derecho común se debe tramitar ante la Justicia Nacional en lo Civil, en  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invitando a las provincias a adherirse a  este criterio.
  Esta normativa también será seguramente cuestionada en los Tribunales,  siendo muy probable que declaren su inconstitucionalidad. Contradice la  doctrina de la Corte Suprema fijada en la causa “Munilla”, donde declaró  competente al fuero laboral en los juicios por accidentes del trabajo  fundados en el derecho civil.
 Procedimiento administrativo obligatorio
 La nueva ley mantiene el sistema obligatorio de las comisiones médicas, que  seguirán siendo las encargadas de determinar cuestiones medulares como “La  naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad … El carácter  y grado de la incapacidad … El contenido y alcances de las prestaciones en  especie”, según dispone el artículo 21 de la ley 24557, y ratifica el  procedimiento administrativo obligatorio diseñado por dicha ley, a pesar del  criterio opuesto de la Corte, expresado en los casos “Castillo”, “Venialgo” y  “Marchetti”. Ello implica retroceder con respecto a la ley vigente, donde el  régimen es voluntario para los damnificados y donde éstos pueden recurrir  directamente al juez laboral competente sin pasar por el procedimiento  administrativo de la ley especial.
 Subsiste el artículo 46, que dispone la competencia de la justicia federal  para entender en las acciones que se promuevan contra las resoluciones de las  comisiones médicas provinciales. Los artículos 21 y 46 han sido declarados  inconstitucionales por la Corte Suprema.
 Conclusiones
 Aspectos positivos
 Según el Poder Ejecutivo Nacional, la nueva legislación tiene como objeto el  ordenamiento del régimen de reparación de los daños derivados de accidentes  de trabajo y enfermedades profesionales, partiendo del reconocimiento de que  el sistema vigente en materia de riesgos del trabajo ha profundizado el  impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar  y comprometer el funcionamiento de la totalidad del régimen. Este  reconocimiento del problema resulta un hecho positivo, ya que constituye la  base para encarar la solución de sus falencias.
 Es plausible la disposición de mejoras en las prestaciones dinerarias del  sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo. Esta medida, no solo beneficia a  las víctimas de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, sino que  posiblemente también reduzca la litigiosidad.
 También es positivo que se establezca que cuando el daño se produzca en el  lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a  disposición del empleador, el damnificado percibirá junto a las  indemnizaciones dinerarias previstas en el régimen, una indemnización  adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado  por las fórmulas del sistema, de modo tal que el régimen ofrezca una  reparación plena del daño.
 Resulta también adecuada la nueva ley, en cuanto establece que el derecho a  la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se  determine, desde el acaecimiento del daño o desde la configuración de la  relación adecuada de causalidad de la enfermedad profesional.
 Es, además, importante el ajuste general de los importes por incapacidad  laboral previstos en las normas de reparación, de acuerdo a la variación del  índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores  Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de  Trabajo.
 Aspectos controversiales
 El principal problema que deberá enfrentar la nueva ley es que contradice en  muchos aspectos a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia  desarrollada desde el año 2004 a la fecha, precedida por fallos de todos los  tribunales laborales del país.
 En tal sentido, podría persistir la elevada litigiosidad por los nuevos  planteos de inconstitucionalidad, que las modificaciones podrían traer  aparejadas.
 Asimismo, continúa también inalterable el sistema excluyente y cerrado de  cobertura de las enfermedades profesionales, que también ha sido rechazado  por la actual jurisprudencia.
 
Publicado  en el Actio Reporte del 26 de Octubre de 2012.
 
 (*) Abogado (UBA). Presidente de Actio Consultores Jurídicos S.A.
 
 

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