Corte Suprema: No toda locación de servicios encubre una relación laboral (07-10-15) - ACTIO WEB

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Corte Suprema: No toda locación de servicios encubre una  relación laboral.
     
Escribe el Dr. Rodolfo Aníbal  González (*)
 
     
El artículo  23 de la Ley de Contrato de Trabajo establece una presunción: es decir, que  ante una determinada circunstancia de hecho se partirá de la premisa de que  se da un determinado encuadramiento legal.
 La norma expresa bajo el título “Presunción de la existencia del contrato de  trabajo” que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la  existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las  relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esa presunción  operará igualmente, aún cuando se utilicen figuras no laborales para  caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado  calificar de empresario a quien presta el servicio.
 En función de ello, es que ante un reclamo, la empresa debe demostrar que un  vínculo en el cual se prestan servicios, no es laboralmente dependiente, sino  que se trata de una relación de locación de servicios regida por el derecho  civil.
 La Corte Suprema de Justicia de la Nación (Autos “Cairone, Mirta Griselda y  otros c. Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires - Hospital  Italiano s/despido”, del 19 de febrero de 2015), estableció importantes  pautas a considerar para definir la cuestión, concluyéndose que, conforme el  criterio actual del más alto tribunal, no toda locación de servicios encubre  una relación laboral. Para ello, deberán acreditarse los extremos contenidos  en el fallo –suscripto por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de  Nolasco y Juan Carlos Maqueda- que comentamos.
 
El caso.
 * El Hospital Italiano fue demandado por un médico anestesista que le reclamó  la existencia de relación de dependencia laboral, la cual habría estado  encubierta bajo una locación de servicios de carácter civil.
 * El Hospital Italiano se defendió, argumentando que la relación no era  laboral, sino una locación de servicios regida por el Código Civil.
 * El Hospital Italiano perdió el juicio en primera instancia. Apeló, y volvió  a perder en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala I), que hizo  lugar a la demanda de indemnización por despido entablada por el médico  anestesiólogo.
 * La Cámara Laboral consideró que había quedado configurada la presunción del  artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque el médico cumplía sus  tareas como anestesiólogo en forma habitual en el Hospital Italiano,  integrando el plantel del mismo y su tarea formaba parte de un engranaje  empresario.
 * El Hospital Italiano presentó, finalmente, un recurso extraordinario de  queja por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
 
Fundamentos  de la defensa del Hospital.
 En su defensa, el Hospital sostuvo que la Cámara Laboral no había analizado  de manera circunstanciada las diferencias que median entre el control y la  dependencia laboral, extremo que debe ser valorado para diferenciar la  locación de servicios del contrato de trabajo, máxime al tratarse de la  contratación de profesionales y, muy en particular, de médicos por parte de  un establecimiento asistencial.
 Advirtió que la Cámara también se equivocó al no hacer mérito del comportamiento  asumido por las partes durante 32 años y que el médico anestesiólogo no  cobraba honorarios si no se realizaba el acto médico en el que debía  intervenir; también que emitía facturas que presentaba ante la Asociación de  Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, quien gestionaba el cobro  de sus honorarios.
 
El  criterio de la Corte Suprema.
 La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que:
 * Erróneamente, se había aplicado la legislación laboral a supuestos de hecho  para los que no ha sido prevista y que se omitió analizar el caso a la luz de  la normativa relativa a la locación de servicios regulada por el Código  Civil.
 * En tal sentido, consideró relevante lo expresado por el Hospital en su  defensa, en cuanto a que la actividad de anestesiólogo era regida por su  relación con la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos  Aires (AAARBA), de la cual el médico era socio y actuaba como agente de  facturación y cobro de sus honorarios, además de ser agente de retención de diversas  obligaciones impositivas.
 * Con el propósito de establecer el verdadero alcance del vínculo de que se  trata, no es posible desconocer el comportamiento asumido.
 * El médico, dijo la Corte, como decisión propia y voluntaria, pudo evaluar  la conveniencia de desarrollar su tarea en el centro asistencial demandado  del modo efectuado, durante más de 32 años, sin manifestar conflicto alguno  atinente al encuadramiento jurídico de la relación que los unió.
 * Que, por lo demás, la regla que surge de la sentencia de la Cámara Laboral  llevaría a la calificación de todos los servicios como dependientes,  omitiendo las diferencias que hace el legislador.
 
Diferencias  y similitudes entre la locación de servicios civil y la relación de  dependencia laboral.  
 La Corte Suprema analiza que la ley argentina disciplina al contrato de  trabajo en la ley 20.744. Para ella, el trabajo es una actividad que se  presta en favor de quien tiene la facultad de dirigirla (artículo 4, Ley de  Contrato de Trabajo) y el objeto del contrato es "prestar  servicios" bajo la dependencia de otra persona (artículo 21, Ley de  Contrato de Trabajo).
 
La  relación de dependencia laboral.
 A los fines de tipificar un vínculo como laboral, dice la Corte, es necesario  precisar el concepto de dependencia, admitiéndose que ésta presenta tres  aspectos: jurídica, económica y técnica.
 En el contrato laboral se trabaja por cuenta ajena, porque el beneficio que  genera la actividad va al empresario y no al trabajador. Se sigue de ello la  ajenidad de riesgos, que al contrario de la locación del Código Civil, son  asumidos por el patrono. El trabajador percibe una retribución, con  independencia de que el empleador gane o pierda en su actividad, lo que no  ocurre en el caso.
 El trabajador "depende" de ese ingreso para su subsistencia. Por  ello, aunque hay una gran variedad de remuneraciones que es posible pactar  entre empleado y empleador (fija, variable, etc.), lo importante es la  función económica de la prestación dineraria. En el contrato laboral la  obligación dineraria tiene una función retributiva, a la que la ley, además,  le atribuye, como mínimo, la finalidad de asegurar alimentación adecuada,  vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y  esparcimiento, vacaciones y previsión (artículo 116, ley 20.744). Esta causa  económico-social es otro elemento que concurre a la tipificación del vínculo,  que no se da en el caso.
 
El  control del trabajo también existe en la locación de servicios.
 En opinión del máximo tribunal, la Cámara Laboral calificó como jurídicamente  subordinada una relación que no es dependiente en ese sentido, confundiéndola  con el control de la prestación.
 El control existe en una serie de contratos de colaboración, porque quien no  puede hacer algo por sí mismo, lo delega en otro y lo controla. En los  vínculos de colaboración autónomos hay una intromisión o injerencia del  titular del interés sobre quien realiza la colaboración y está destinada a  precisar el objeto del encargo. Dicha injerencia es distinta de la dependencia  laboral, ya que esta última no se limita al objeto del encargo pues alcanza  al elemento personal, al trabajador, que está jurídicamente subordinado.
 El dependiente está sometido al poder de dirección del empleador, se pone a  disposición de sus requerimientos, a una dirección ajena, y en ese sentido es  heterónomo. Este último puede diseñar el modo de prestación con referencia a  los horarios, lugar, medios técnicos a utilizar, ordenar la demanda en el  sentido de fijar su ritmo.
 En el caso concreto de los profesionales de la salud, la coordinación de  horarios es necesaria, por ejemplo, para hacer una intervención quirúrgica a  la que concurren un médico cirujano y un anestesiólogo, pero ello no es por  sí mismo el ejercicio del poder de subordinación.
 Si se entiende que la sola verificación y control suponen un trabajo  dirigido, podría llegarse a la inexacta conclusión de que la mayoría de las  prestaciones medicales son dependientes, puesto que normalmente interviene  una entidad -obra social, seguro de salud, medicina prepaga, clínica,  hospital público, colegios profesionales- que ejerce un "control"  sobre la prestación.
 Por lo demás, si bien es propio del poder de dirección del empleador el  ejercicio de facultades disciplinarias, el trabajador autónomo no está sujeto  a un régimen disciplinario en el sentido propio de la relación de trabajo,  aunque ello no descarta tampoco el sometimiento a un mínimo contralor que  debe tener todo establecimiento que preste servicios a terceros.
 Como tiene dicho la Corte, no resulta decisivo, para determinar un genuino  ejercicio del poder de dirección patronal, las restricciones impuestas a la  actividad profesional del médico como producto de la fijación de horarios  para la atención de pacientes, del sometimiento a un cierto contralor y de la  exigencia de cumplir con diversas reglas propias del ejercicio de la  profesión pues, por las circunstancias del caso, dichas medidas pudieron  haber sido consecuencia necesaria de la organización y funcionamiento del  sistema médico-asistencial en que el reclamante se había incorporado sin que  por ello precisamente se altere la naturaleza autónoma de los servicios  comprometidos.
 
La buena  fe como deber jurídico de todo comportamiento.
 La Cámara Laboral , en su sentencia, tampoco consideró la buena fe como deber  jurídico de todo comportamiento que genera expectativas en otras personas, ni  explicó cuál es el criterio para decir que es "dependiente" aquello  que las partes, a través de su consentimiento entendieron como "autónomo".  
 La prestación que desarrolló el anestesista reclamante tuvo el mismo carácter  durante todo el tiempo que duró la relación, emitió facturas a través de la  "AAARBA" y nunca hizo reclamo alguno al respecto.
 Solo manifestó su discrepancia al momento de la finalización del contrato de  locación de sus servicios, conducta que contraría sus propios actos y la  regla de la buena fe, al quebrar, sin causa fundada, la razonable expectativa  de la institución que lo contrató durante tantos años sobre la base de una  relación jurídica de servicios autónomos.
 Esta regla es reforzada por la costumbre del sector, que, como fuente de  derecho, también fue ignorada en el fallo apelado. En ese orden de  consideraciones, también se había omitido toda valoración respecto de la  información brindada por la "Fundación Favaloro" sobre la situación  laboral de los médicos anestesiólogos, en donde la "AAARBA"  contestó afirmando el carácter de "locación de servicios" de las  tareas desempeñadas por sus socios.
 
Finalmente,  la Corte deja sin efecto la sentencia de la Cámara laboral.
 Todos estos elementos resultaron suficientes para que la Corte se formara un  juicio acabado sobre la verdadera índole jurídica de la relación que unió a  los litigantes. Consecuentemente, resolvió dejar sin efecto, por contener graves  defectos de fundamentación que afectan en forma directa e inmediata las  garantías constitucionales, la decisión de la Cámara Laboral.
 
La  importancia de este fallo.
 En nuestra opinión, este fallo es muy importante por varios motivos:
 1. Es dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el  tribunal más importante del Poder Judicial y cuya jurisprudencia marca  criterios de interpretación que resultan en la práctica, vinculantes para  todos los jueces inferiores.
 2. Abandona la interpretación mayoritaria de parte del fuero del  trabajo, que considera que toda locación de servicios "encubre" una  relación laboral.
 3. Sostiene principios, muchas veces y lamentablemente, ignorados por el  fuero judicial laboral (Ej. la buena fe como deber jurídico de todo  comportamiento, en el caso: reclamos).
 4. Atenúa la aplicación “automática” y “ciega” de presunciones  laborales.
 5. Dos de los jueces que suscriben el fallo son autores del nuevo Código  Civil y Comercial, lo que puede ofrecer en algunos temas “discutidos”, pautas  para futuras interpretaciones de la Corte Suprema.
 
Publicado  en el Actio Reporte del 7 de Octubre de 2015.
 
(*) Abogado  (UBA). Presidente de Actio Consultores Jurídicos S.A.
 
 

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