Corte Suprema: No toda locación de servicios encubre una relación laboral (07-10-15) - ACTIO WEB

ASESORAMIENTO JURIDICO LABORAL

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Corte Suprema: No toda locación de servicios encubre una relación laboral.

Escribe el Dr. Rodolfo Aníbal González (*)

El artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo establece una presunción: es decir, que ante una determinada circunstancia de hecho se partirá de la premisa de que se da un determinado encuadramiento legal.
La norma expresa bajo el título “Presunción de la existencia del contrato de trabajo” que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esa presunción operará igualmente, aún cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio.
En función de ello, es que ante un reclamo, la empresa debe demostrar que un vínculo en el cual se prestan servicios, no es laboralmente dependiente, sino que se trata de una relación de locación de servicios regida por el derecho civil.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (Autos “Cairone, Mirta Griselda y otros c. Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires - Hospital Italiano s/despido”, del 19 de febrero de 2015), estableció importantes pautas a considerar para definir la cuestión, concluyéndose que, conforme el criterio actual del más alto tribunal, no toda locación de servicios encubre una relación laboral. Para ello, deberán acreditarse los extremos contenidos en el fallo –suscripto por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda- que comentamos.

El caso.
* El Hospital Italiano fue demandado por un médico anestesista que le reclamó la existencia de relación de dependencia laboral, la cual habría estado encubierta bajo una locación de servicios de carácter civil.
* El Hospital Italiano se defendió, argumentando que la relación no era laboral, sino una locación de servicios regida por el Código Civil.
* El Hospital Italiano perdió el juicio en primera instancia. Apeló, y volvió a perder en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala I), que hizo lugar a la demanda de indemnización por despido entablada por el médico anestesiólogo.
* La Cámara Laboral consideró que había quedado configurada la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque el médico cumplía sus tareas como anestesiólogo en forma habitual en el Hospital Italiano, integrando el plantel del mismo y su tarea formaba parte de un engranaje empresario.
* El Hospital Italiano presentó, finalmente, un recurso extraordinario de queja por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fundamentos de la defensa del Hospital.
En su defensa, el Hospital sostuvo que la Cámara Laboral no había analizado de manera circunstanciada las diferencias que median entre el control y la dependencia laboral, extremo que debe ser valorado para diferenciar la locación de servicios del contrato de trabajo, máxime al tratarse de la contratación de profesionales y, muy en particular, de médicos por parte de un establecimiento asistencial.
Advirtió que la Cámara también se equivocó al no hacer mérito del comportamiento asumido por las partes durante 32 años y que el médico anestesiólogo no cobraba honorarios si no se realizaba el acto médico en el que debía intervenir; también que emitía facturas que presentaba ante la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, quien gestionaba el cobro de sus honorarios.

El criterio de la Corte Suprema.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que:
* Erróneamente, se había aplicado la legislación laboral a supuestos de hecho para los que no ha sido prevista y que se omitió analizar el caso a la luz de la normativa relativa a la locación de servicios regulada por el Código Civil.
* En tal sentido, consideró relevante lo expresado por el Hospital en su defensa, en cuanto a que la actividad de anestesiólogo era regida por su relación con la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA), de la cual el médico era socio y actuaba como agente de facturación y cobro de sus honorarios, además de ser agente de retención de diversas obligaciones impositivas.
* Con el propósito de establecer el verdadero alcance del vínculo de que se trata, no es posible desconocer el comportamiento asumido.
* El médico, dijo la Corte, como decisión propia y voluntaria, pudo evaluar la conveniencia de desarrollar su tarea en el centro asistencial demandado del modo efectuado, durante más de 32 años, sin manifestar conflicto alguno atinente al encuadramiento jurídico de la relación que los unió.
* Que, por lo demás, la regla que surge de la sentencia de la Cámara Laboral llevaría a la calificación de todos los servicios como dependientes, omitiendo las diferencias que hace el legislador.

Diferencias y similitudes entre la locación de servicios civil y la relación de dependencia laboral.
La Corte Suprema analiza que la ley argentina disciplina al contrato de trabajo en la ley 20.744. Para ella, el trabajo es una actividad que se presta en favor de quien tiene la facultad de dirigirla (artículo 4, Ley de Contrato de Trabajo) y el objeto del contrato es "prestar servicios" bajo la dependencia de otra persona (artículo 21, Ley de Contrato de Trabajo).

La relación de dependencia laboral.
A los fines de tipificar un vínculo como laboral, dice la Corte, es necesario precisar el concepto de dependencia, admitiéndose que ésta presenta tres aspectos: jurídica, económica y técnica.
En el contrato laboral se trabaja por cuenta ajena, porque el beneficio que genera la actividad va al empresario y no al trabajador. Se sigue de ello la ajenidad de riesgos, que al contrario de la locación del Código Civil, son asumidos por el patrono. El trabajador percibe una retribución, con independencia de que el empleador gane o pierda en su actividad, lo que no ocurre en el caso.
El trabajador "depende" de ese ingreso para su subsistencia. Por ello, aunque hay una gran variedad de remuneraciones que es posible pactar entre empleado y empleador (fija, variable, etc.), lo importante es la función económica de la prestación dineraria. En el contrato laboral la obligación dineraria tiene una función retributiva, a la que la ley, además, le atribuye, como mínimo, la finalidad de asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión (artículo 116, ley 20.744). Esta causa económico-social es otro elemento que concurre a la tipificación del vínculo, que no se da en el caso.

El control del trabajo también existe en la locación de servicios.
En opinión del máximo tribunal, la Cámara Laboral calificó como jurídicamente subordinada una relación que no es dependiente en ese sentido, confundiéndola con el control de la prestación.
El control existe en una serie de contratos de colaboración, porque quien no puede hacer algo por sí mismo, lo delega en otro y lo controla. En los vínculos de colaboración autónomos hay una intromisión o injerencia del titular del interés sobre quien realiza la colaboración y está destinada a precisar el objeto del encargo. Dicha injerencia es distinta de la dependencia laboral, ya que esta última no se limita al objeto del encargo pues alcanza al elemento personal, al trabajador, que está jurídicamente subordinado.
El dependiente está sometido al poder de dirección del empleador, se pone a disposición de sus requerimientos, a una dirección ajena, y en ese sentido es heterónomo. Este último puede diseñar el modo de prestación con referencia a los horarios, lugar, medios técnicos a utilizar, ordenar la demanda en el sentido de fijar su ritmo.
En el caso concreto de los profesionales de la salud, la coordinación de horarios es necesaria, por ejemplo, para hacer una intervención quirúrgica a la que concurren un médico cirujano y un anestesiólogo, pero ello no es por sí mismo el ejercicio del poder de subordinación.
Si se entiende que la sola verificación y control suponen un trabajo dirigido, podría llegarse a la inexacta conclusión de que la mayoría de las prestaciones medicales son dependientes, puesto que normalmente interviene una entidad -obra social, seguro de salud, medicina prepaga, clínica, hospital público, colegios profesionales- que ejerce un "control" sobre la prestación.
Por lo demás, si bien es propio del poder de dirección del empleador el ejercicio de facultades disciplinarias, el trabajador autónomo no está sujeto a un régimen disciplinario en el sentido propio de la relación de trabajo, aunque ello no descarta tampoco el sometimiento a un mínimo contralor que debe tener todo establecimiento que preste servicios a terceros.
Como tiene dicho la Corte, no resulta decisivo, para determinar un genuino ejercicio del poder de dirección patronal, las restricciones impuestas a la actividad profesional del médico como producto de la fijación de horarios para la atención de pacientes, del sometimiento a un cierto contralor y de la exigencia de cumplir con diversas reglas propias del ejercicio de la profesión pues, por las circunstancias del caso, dichas medidas pudieron haber sido consecuencia necesaria de la organización y funcionamiento del sistema médico-asistencial en que el reclamante se había incorporado sin que por ello precisamente se altere la naturaleza autónoma de los servicios comprometidos.

La buena fe como deber jurídico de todo comportamiento.
La Cámara Laboral , en su sentencia, tampoco consideró la buena fe como deber jurídico de todo comportamiento que genera expectativas en otras personas, ni explicó cuál es el criterio para decir que es "dependiente" aquello que las partes, a través de su consentimiento entendieron como "autónomo".
La prestación que desarrolló el anestesista reclamante tuvo el mismo carácter durante todo el tiempo que duró la relación, emitió facturas a través de la "AAARBA" y nunca hizo reclamo alguno al respecto.
Solo manifestó su discrepancia al momento de la finalización del contrato de locación de sus servicios, conducta que contraría sus propios actos y la regla de la buena fe, al quebrar, sin causa fundada, la razonable expectativa de la institución que lo contrató durante tantos años sobre la base de una relación jurídica de servicios autónomos.
Esta regla es reforzada por la costumbre del sector, que, como fuente de derecho, también fue ignorada en el fallo apelado. En ese orden de consideraciones, también se había omitido toda valoración respecto de la información brindada por la "Fundación Favaloro" sobre la situación laboral de los médicos anestesiólogos, en donde la "AAARBA" contestó afirmando el carácter de "locación de servicios" de las tareas desempeñadas por sus socios.

Finalmente, la Corte deja sin efecto la sentencia de la Cámara laboral.
Todos estos elementos resultaron suficientes para que la Corte se formara un juicio acabado sobre la verdadera índole jurídica de la relación que unió a los litigantes. Consecuentemente, resolvió dejar sin efecto, por contener graves defectos de fundamentación que afectan en forma directa e inmediata las garantías constitucionales, la decisión de la Cámara Laboral.

La importancia de este fallo.
En nuestra opinión, este fallo es muy importante por varios motivos:
1. Es dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el tribunal más importante del Poder Judicial y cuya jurisprudencia marca criterios de interpretación que resultan en la práctica, vinculantes para todos los jueces inferiores.
2. Abandona la interpretación mayoritaria de parte del fuero del trabajo, que considera que toda locación de servicios "encubre" una relación laboral.
3. Sostiene principios, muchas veces y lamentablemente, ignorados por el fuero judicial laboral (Ej. la buena fe como deber jurídico de todo comportamiento, en el caso: reclamos).
4. Atenúa la aplicación “automática” y “ciega” de presunciones laborales.
5. Dos de los jueces que suscriben el fallo son autores del nuevo Código Civil y Comercial, lo que puede ofrecer en algunos temas “discutidos”, pautas para futuras interpretaciones de la Corte Suprema.

Publicado en el Actio Reporte del 7 de Octubre de 2015.

(*) Abogado (UBA). Presidente de Actio Consultores Jurídicos S.A.

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