Comentario sobre el Proyecto del PEN de reformas a la LRT... (04-10-12) - ACTIO WEB

ASESORAMIENTO JURIDICO LABORAL
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Comentario sobre el Proyecto del Poder Ejecutivo Nacional de  reformas a la Ley de Riesgos del Trabajo.
     
Escribe el Dr. Rodolfo Aníbal  González (*)
 
     
Introducción  
 
El Congreso  de la Nación tiene a estudio el proyecto de reformas a la Ley de Riesgos del  Trabajo (LRT) presentado por el Poder Ejecutivo Nacional.
 
Este primer  análisis tiene un objetivo: advertir qué puede ocurrir a partir de su sanción  y en qué medida podrá solucionar los problemas que surgen, actualmente, de la  aplicación de la ley vigente.
 
En este  marco, cabe recordar que desde 2004 (a nueve años de su sanción en 1995), la  LRT sufrió el embate de numerosos fallos judiciales que declararon la  inconstitucionalidad de muchas de sus normas.
 
Principal  reforma: el sistema de opción
 
Principalmente,  el proyecto establece para el trabajador un sistema de opción obligatoria  entre las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo y las  indemnizaciones previstas por las leyes civiles para el resarcimiento del  daño.
 
Para ello,  el artículo 4º del mismo establece:
 
“ARTÍCULO  4°.- Los obligados por la Ley N° 24.557 y sus modificatorias al pago de la reparación  dineraria deberán, dentro de los 15 (QUINCE) días de notificados de la muerte  del trabajador, o de la homologación o determinación de la incapacidad  laboral de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional,  notificar fehacientemente a los damnificados o a sus derechohabientes los  importes que les corresponde percibir por aplicación de este régimen,  precisando cada concepto en forma separada e indicando que se encuentran a su  disposición para el cobro.
 
Los  damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones  previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran corresponder  con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los distintos sistemas  de responsabilidad no serán acumulables.
 
El  principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial  en uno u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos  efectos sobre el evento dañoso.
 
Las  acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad sólo  podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este  artículo.  
 
La  prescripción se computará a partir del día siguiente a la fecha de recepción  de esa notificación.
 
En los  supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se  aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes  al derecho civil”.  
 
La opción  prevista en la norma, lejos de innovar en el sistema reparatorio, reproduce  casi textualmente el establecido en 1915 por la ley 9688, en el art. 17 de la  ley 23.643 de 1988 y en el art. 16 de la ley 24.028 de 1991, normativas  anteriores a la Ley de Riesgos del Trabajo. Si analizamos los resultados de  estos precedentes legislativos, viene a nuestra memoria una frase atribuida a  Albert Einstein: “...Si  buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo...”.
 
Responsabilidad  civil y opción con renuncia en la jurisprudencia de la Corte Suprema
 
En cuanto  al esquema de percepción de la reparación, se propone un mecanismo de opción por  parte del damnificado o sus derechohabientes, entre las indemnizaciones  previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo o las que les pudieran  corresponder
 
De esta  forma, recobra vigencia una modalidad similar a la contenida en la ley 9688,  dejando la posibilidad al interesado para que elija la vía de reparación que  transitará dentro de las que le brinda la legislación, ya que queda sin  efecto la restricción impuesta en el artículo 39 de la LRT.
 
El mensaje  que acompaña el proyecto señala la diferencia existente entre la opción  propuesta y la prevista en el antecedente mencionado: mientras que en el  pasado régimen se optaba a partir del momento mismo del accidente o toma de  conocimiento de la enfermedad y sus consecuencias invalidantes, ahora se  plantea realizarla una vez que se hayan brindado todas las prestaciones  médicas y cobrados todo los salarios en período de curación. La iniciativa  considera que la asistencia a la víctima sin alteración de su salario será la  base sobre la cual se asentará la decisión libre del damnificado.
 
Sin  embargo, la opción de elegir una de las dos acciones aparece a primera vista  como contraria a la doctrina expuesta por la Corte Suprema en los fallos “Aquino” y “Llosco”, en  el sentido de que todos los habitantes sometidos a un daño injustamente  sufrido, incluidos los trabajadores, tienen derecho a una indemnización  integral que, para que sea justa, debe cubrir todos los perjuicios, no  pudiendo quedar ningún daño sin su adecuada reparación.
 
Los fallos  de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
Una  importante serie de fallos (“Aquino”,  “Llosco”, “Milone”, “Castillo”, “Venialgo”, “Marchetti”, “Silva”, “Suárez  Guimbard”, “Torrillo”, “Arostegui”, “Lucca de Hoz”, “Ascua”,  entre otros), dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación  determinaron el régimen actual, conformado por un sistema de reparación de  infortunios laborales diferente y mucho más amplio que el establecido en la  ley original de Riesgos del Trabajo.
 
El primer  fallo (“Aquino”)  determinó el carácter constitucional del derecho a la reparación plena y el  otorgamiento de igual rango al principio que prohíbe a los hombres dañar los  derechos de un tercero, interpretando así el artículo 19 de la Constitución  Nacional, con la declaración de inconstitucionalidad del artículo 39, párrafo  primero, de la ley 24557 de Riesgos.
 
En tal  sentido, la Corte Suprema, ratificó el criterio de acumulación de  resarcimientos, no en el sentido de que el trabajador o los derechohabientes  cobraran la totalidad de la reparación plena al empleador además de la  indemnización tarifada de la LRT, sino interpretando que el damnificado puede  reclamar de la ART lo regulado por la ley especial y en forma paralela,  sucesiva o conjunta, puede demandar al empleador en razón de los daños y  perjuicios no satisfechos por la indemnización tarifada, a través de la vía  del derecho común, si es que se cumplen los presupuestos de la  responsabilidad civil.
 
La reforma  propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, al establecer la opción civil  excluyente con renuncia a la indemnización tarifada, se aparta de esta  doctrina emanada de la Corte y podría ser tachada de inconstitucional por los  tribunales laborales y –finalmente- por la Corte Suprema. Para que ello no  ocurra, la justicia debería modificar la doctrina aplicada en todos los  antecedentes consignados.
 
Acciones  civiles al fuero civil. Aplicación de normas y principios ajenos al derecho  laboral
 
El proyecto  deriva las acciones civiles a la Justicia Civil como fue dispuesto por  primera vez mediante la ley 24028 de 1991. Además se propone que en dicho  ámbito civil no se deberán tener en cuenta los principios del derecho del  trabajo sino la legislación de fondo, de forma y los principios  correspondientes al derecho civil. Se impone también que la acción fundada en  el derecho común se debe tramitar ante la Justicia Nacional en lo Civil, en  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invitando a las provincias a adherirse a  este criterio.
 
Esta  normativa será seguramente cuestionada en los Tribunales, que es muy probable  que declaren su inconstitucionalidad. Contradice la doctrina de la Corte  Suprema fijada en la causa “Munilla”,  donde declaró competente al fuero laboral en los juicios por accidentes del  trabajo fundados en el derecho civil.
 
Procedimiento  administrativo obligatorio
 
El proyecto  mantiene el sistema obligatorio de las comisiones médicas que seguirán siendo  las encargadas de determinar cuestiones medulares como “La naturaleza laboral del accidente  o profesional de la enfermedad…El carácter y grado de la incapacidad…El  contenido y alcances de las prestaciones en especie”, según  dispone el art. 21 de la ley 24557 y ratifica el procedimiento administrativo  obligatorio diseñado por dicha ley, a pesar del criterio opuesto de la Corte,  expresado en los casos “Castillo”,  “Venialgo” y “Marchetti” y  retrocediendo, con respecto a la ley vigente, donde el régimen es voluntario  para los damnificados y donde éstos pueden recurrir directamente al juez  laboral competente sin pasar por el procedimiento administrativo de la ley especial.  
 
Subsiste el  art. 46 que dispone la competencia de la justicia federal para entender en  las acciones que se promuevan contra las resoluciones de las comisiones  médicas provinciales. Los artículos 21 y 46 han sido declarados  inconstitucionales por la Corte Suprema.
 
Sociedades  de Seguros Mutuos
 
Con  respecto a la intervención de un sindicato en la Administración de una ART,  aun cuando no tuviese fines de lucro, se presenta como un tema que puede  ocasionar conflictos. En efecto, la ART – o la sustituta de la misma que se  creara – tiene la función primordial de asegurar los riesgos laborales del  empleador y, normal y objetivamente, dicha Aseguradora tiene conflictos con  el trabajador. De modo que, cabe preguntarse en qué posición definitiva se  colocará el Sindicato frente a posiciones contrapuestas. No obstante, cabe  destacar que este tipo de mutual y su gestión ha resultado exitosa en Chile y  en España.
 
Conclusiones  
 
Aspectos  positivos
 
Según el  Poder Ejecutivo Nacional el proyecto de ley tiene como objeto el ordenamiento  del régimen de reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y  enfermedades profesionales, partiendo del reconocimiento de que el régimen  vigente en materia de riesgos del trabajo ha profundizado el impacto en la  sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer  el funcionamiento de la totalidad del sistema. Este reconocimiento del  problema resulta un hecho positivo, ya que constituye la base para encarar la  solución de sus falencias.
 
Es plausible  la disposición de la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema de la  Ley de Riesgos del Trabajo. Esta medida, no solo beneficia a las víctimas de  un accidente de trabajo o enfermedad profesional, sino que posiblemente  también reduzca la litigiosidad sobre la materia.
 
También es  positivo que la iniciativa establezca que cuando el daño se produzca en el  lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a  disposición del empleador, el damnificado percibirá junto a las indemnizaciones  dinerarias previstas en el régimen, una indemnización adicional de pago único  en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas del  sistema, de modo tal que el régimen ofrezca una reparación plena del daño.
 
Resulta  también adecuado el proyecto en cuanto establece que el derecho a la  reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine,  desde el acaecimiento del daño o desde la configuración de la relación  adecuada de causalidad de la enfermedad profesional.
 
Es, además,  importante el ajuste general de los importes por incapacidad laboral  previstos en las normas de reparación, de acuerdo a la variación del índice  RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables),  publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo,  que propone la iniciativa.
 
Aspectos  controversiales
 
El  principal problema que deberá enfrentar el proyecto es que contradice en  muchos aspectos a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia  desarrollada desde el año 2004 a la fecha, precedida por fallos de todos los  tribunales laborales del país.
 
En tal  sentido, de prosperar esta iniciativa, podría persistir la elevada  siniestralidad actual, y la litigiosidad por los nuevos planteos de  inconstitucionalidad que la nueva ley podría traer aparejados.
 
Publicado  en el Actio Reporte del 04 de Octubre de 2012.
 
 (*) Abogado (UBA). Presidente de Actio Consultores Jurídicos S.A.
 
 

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