A 15 años de la sanción de las leyes 25.323 y 25.345 (05-08-15) - ACTIO WEB

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A 15 años de la sanción de las leyes 25.323 y 25.345:  invalorables aportes a la "industria del juicio"
     
Escribe el Dr. Rodolfo Aníbal  González (*)
 
     
Introducción
 
En el  próximo mes de octubre se cumplirán quince años de la sanción de dos leyes  cuya incidencia en el costo laboral y en el incremento de los montos  reclamados en conflictos laborales fue y es enorme. Son dos “invalorables  aportes a la industria del juicio”…
 
En su  momento (nota de mi autoría, publicada en Actio Reporte del 20 de abril de  2001), presagié esta consecuencia y señalé que la importancia de las  sanciones previstas en las mismas obligaba a un necesario conocimiento de la  las mismas. Cabe un repaso sobre esta legislación.
 
Ley  Nº 25.323 Artículo 1º: Tratamiento de la omisión del adecuado registro del  contrato de trabajo. Primer párrafo: indemnización agravada.
 
En los  fundamentos de la ley, se explicó su finalidad. Se sostuvo que "...el trabajo no registrado en  nuestro país alcanza cifras escandalosas,..." y que su  objeto era "…  combatir este flagelo…”. Esa meta no se alcanzó: el trabajo  informal sigue constituyendo un problema y no se ha reducido. Sí aumentaron  los importes reclamados en los juicios laborales, alentando la conflictividad  a los actuales niveles y brindando “nuevas y provechosas herramientas” para  la “industria del juicio”
 
Sancionada  el 13 de setiembre de 2000, su artículo 1 establece “…Las indemnizaciones previstas por  las Leyes 20.744… serán incrementadas al doble cuando se trate de una  relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de  modo deficiente...”.
 
Análisis  del texto
 
Las  indemnizaciones establecidas en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo  son aquéllas que corresponden en el supuesto de extinción del contrato de  trabajo por causa de  despido dispuesto por empleador sin justa causa.
 
Relación  no registrada o registrada de modo deficiente
 
En  principio, y remitiéndonos a la Ley de Empleo 24.013, los casos de  aplicación fueron limitados a los siguientes: 1) Cuando el empleador no  hubiere registrado la relación laboral; 2) Cuando el empleador consignare en  la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real; 3) Cuando  el empleador consignare en la documentación laboral una remuneración menor  que la percibida por el trabajador.
 
En nuestra  opinión, esta era la interpretación correcta. Pero actualmente, y a través de  varios pronunciamientos judiciales, se amplió su aplicación a la existencia  de otros supuestos de incumplimientos laborales, tales como la disimulación  de la naturaleza jurídica de la relación, el ocultamiento a través de figuras  no laborales de pagos remuneratorios, la asignación incorrecta de la  categoría laboral o, aún, la falsedad de cualquiera de las consignaciones  obligatorias en el Libro Especial del art. 52 de la Ley de Contrato de  Trabajo (ej. categoría laboral). De esta forma, una diferencia en la  interpretación de los alcances de una categoría convencional, puede dar lugar  –nada menos- que a la duplicación de los montos indemnizatorios.
 
Artículo  2º: su texto
 
Según el  artículo 2 de esta ley “… Cuando  el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las  indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 …  y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier  instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán  incrementadas en un 50%...”
 
Fundamentos
 
Según los  fundamentos de la ley el "artículo 2º, incorpora una norma que sanciona  al empleador reticente en el cumplimiento de sus obligaciones cuando despide  al trabajador o lo coloca en esa situación.
 
Requisitos  de aplicación
 
1)  Empleador que no abona al trabajador las indemnizaciones previstas en los  artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744. Se refiere a la indemnización  sustitutiva del preaviso, la integración del mes del despido y a la  indemnización por despido.
 
2)  Intimación fehaciente del trabajador reclamando su pago.
 
3) Falta de  pago en el término concedido en la intimación del trabajador.
 
4) La falta  de pago, consecuentemente, obliga al trabajador a iniciar acciones judiciales  o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas (Ej.  SECLO en Capital Federal, demanda judicial en otras jurisdicciones).
 
5) Sanción:  Las indemnizaciones reclamadas son incrementadas en un cincuenta por ciento  (50%).
 
Cuando se  sancionó la ley sostuvimos que Así “...la  redacción del artículo es desafortunada. El legislador ha omitido  caracterizar las causas que pueden justificar la conducta del empleador.  Serán los jueces quienes deberán configurarlas...”. Y así sucedió.  Actualmente, la sanción se aplica en todo clase de despido, aún aquellos con  justa causa, cuando la misma es rechazada en sentencia.
 
Consecuencias  prácticas
 
Por  aplicación de esta ley, todo reclamo por extrajudicial o judicial ante  despidos por justa causa o autodespidos, se ha incrementado en un 100 y un  50%. Una demanda por cobro de indemnizaciones de $ 100.000, se convierte  automáticamente en $ 100.000 + $ 100.000 + $ 50.000 = $ 250.000!!!
 
La  ley Nº 25.345: Modificación del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo
 
La ley  25.345 fue sancionada el 19 de Octubre de 2000. Agregó un último párrafo al  art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo que “…Si el empleador no hiciera entrega  de la constancia o del certificado previstos respectivamente en los apartados  segundo y tercero de este artículo dentro de los dos (2) días hábiles  computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento  que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será  sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente  a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por  el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de  servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización se devengará sin perjuicio  de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esa conducta omisiva  pudiere imponer la autoridad judicial competente.”
 
Comentario:  acción sancionada
 
El artículo  80 de la Ley de Contrato de Trabajo establece la obligación de extender el  certificado de trabajo y su entrega al trabajador.
 
"…El  empleador… deberá dar al trabajador, cuando éste lo requiriese a la época de  la extinción de la relación, constancia documentada de ello. Durante el  tiempo de la relación deberá otorgar tal constancia cuando medien causas  razonables. Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa,  el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de  trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios,  naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y  contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad  social...".
 
La ley  25.345 sanciona la falta de entrega por el empleador de la certificación de  servicios y certificado de trabajo, con una indemnización a favor de este  último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual,  normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante  el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización  se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer  cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la autoridad judicial. Se trata de  las "astreintes" o multas conminatorias que puede fijar el juez por  cada día de demora en la entrega de certificados.
 
Consecuencias  negativas de esta ley.
 
Sistemáticamente,  los trabajadores en conflicto con su empleador se niegan a recibir las  certificaciones de servicios. Ello conlleva a las empresas a la obligación de  consignar judicialmente esa documentación. Todo reclamo se incrementa con el  importe correspondiente a 3 meses de remuneración.
 
Conclusión
 
Las  consecuencias de estas dos leyes han sido nefastas. La única solución sería  su derogación, posibilidad -hasta ahora- más que remota, imposible.
 
Publicado  en el Actio Reporte del 5 de Agosto de 2015.
 
(*) Abogado  (UBA). Presidente de Actio Consultores Jurídicos S.A.
 
 

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