El despido sin causa (20-01-16) - ACTIO WEB

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El despido sin causa: ¿un acto ilícito?
     
Escribe el Dr. Rodolfo Aníbal  González (*)
 
     
El  contrato de trabajo: tipo o categoría conceptual    
 
La  dogmática civil suele exponer y analizar los contratos agrupándolos en tipos  o categorías conceptuales, por ejemplo, la categoría de contrato bilateral o  la categoría de contrato oneroso o –como veremos- la  de tracto sucesivo.    
 
Un tipo  contractual, como los que se acaban de mencionar, constituye un concepto  técnico que se obtiene generalizando el contenido de un conjunto de normas  jurídico-positivas. Si bien los tipos o categorías contractuales pertenecen a  la dogmática jurídica y no, directamente, a los ordenamientos jurídicos,  ellos expresan aspectos básicos o esenciales de las reglas. Así, por ejemplo,  el concepto de contrato bilateral expone un conjunto de reglas –v.gr.  las relativas a la mora, la terminación, la resolución- que son comunes a un  cierto grupo de contratos. Que la compraventa y la permuta sean, ambos,  contratos bilaterales, quiere decir que, bajo ciertos aspectos, se someten a  unas mismas reglas. Sus características comunes imponen, de parte de los  ordenamientos legales, una regulación homogénea.
 
El  contrato de tracto sucesivo
 
En forma  generalizada, la doctrina nacional e internacional ubica al contrato de trabajo dentro  del tipo o categoría de “contrato  de tracto sucesivo”.
 
Esa categoría  reúne un conjunto de negocios contractuales que poseen un sistema de  regulación, hasta cierto punto, común. Se trata, entonces, de una categoría  con amplia base dogmática, en la que conviene, sin excepciones, la doctrina  generalmente admitida.
 
Características  del contrato de tracto sucesivo
 
El contrato de tracto sucesivo,  debe ser distinguido de otros varios tipos de contratos. En particular, del  contrato de ejecución única; del contrato de ejecución instantánea;  y,  en fin, del contrato de ejecución diferida.  
 
Un contrato es de ejecución única  es el  que se cumple con un solo acto. Es el caso de la compraventa o la  permuta. En uno y otro caso, un único acto –el pago del precio,  la entrega de la cosa- agota la relación contractual.
 
El contrato de ejecución diferida,  por su parte, posterga o pospone la ejecución de las obligaciones surgidas  del contrato subordinándola, habitualmente, a un término o plazo que las  partes determinan. Se comprende fácilmente que el contrato puede ser de  ejecución única, pero diferida, como si, v.gr., las partes convienen que el  precio sea exigible una vez que transcurra un plazo que el propio contrato  prevé. Como se observa, en el contrato de ejecución diferida la relación  negocial está sostenida en el tiempo por disponerlo así las partes; aunque la  índole o naturaleza del contrato y su función económico-social admitiría  perfectamente una prestación única e inmediata. En otras palabras, la función  económica de la compraventa –obtener el comprador  la cosa, incorporar el vendedor a su patrimonio el precio- pudo alcanzarse de  manera contemporánea a la perfección del contrato. Las partes, sin embargo,  acuerdan postergar ese momento previendo para ello un término.
 
Muy  distinta es la situación técnica en que se encuentra el contrato de tracto sucesivo.  En este caso, la  función económico-social del contrato impone una duración sostenida en el tiempo.  Las partes sólo alcanzan a satisfacer la necesidad que los induce a  contratar, en el caso que la relación contractual se sostiene en el tiempo.    
 
El  tiempo en los contratos de tracto sucesivo
 
La  continuidad y la periodicidad de prestación es una condición imprescindible  para que las partes satisfagan el interés económico-social que las indujo a  celebrar el contrato.
 
De ahí que  suele afirmarse que en los contratos de tracto sucesivo la duración es un elemento causal: la  duración sostenida y periódica de las prestaciones es, justamente, lo que  indujo a las partes a celebrar el contrato. Las partes no eligen, entonces, que  el contrato sea de tracto sucesivo: la  función económico-social que persiguen, en cada caso, impone el carácter  sucesivo del contrato.
 
No cabe  confundir el contrato cuya prestación es un resultado futuro (v.gr. una  obra), con el contrato de tracto sucesivo (v.gr. la prestación de un  servicio).
 
En los  contratos cuya prestación es un resultado futuro, la dilación en el tiempo es  necesaria para la producción, v.gr., de la obra; pero su ejecución es única.  Distinto es el caso del contrato de tracto sucesivo en el que la dilación en  el tiempo es propia a la misma ejecución del contrato y no constituye, en  cambio, un tiempo de espera para que la obra prometida se produzca.
 
Finalmente,  la particular índole del contrato  de tracto sucesivo impone la aplicación de un conjunto de  reglas que se escapan de la disciplina común de los contratos.  
 
La  finalización del contrato por voluntad unilateral de una de las partes
 
También  debe destacarse que es propio de los contratos de tracto sucesivo celebrados  por tiempo indefinido, que puedan  terminar por voluntad unilateral de una de las partes.
 
El elemento  tiempo, en cuanto duración, o mejor: el distribuirse de la ejecución en el  tiempo, constituye el carácter peculiar del contrato: el tiempo sirve no  tanto para señalar el momento de inicio de la ejecución, cuanto, sobretodo,  un elemento –esencial, y esencial para ambas partes- con  el cual queda determinada la cantidad de las prestaciones, el reiterarse de  las ejecuciones (la duración es un elemento  causal) y el momento en que el contrato ha terminado.
 
Los autores  y las fuentes citan al contrato de arrendamiento junto al de trabajo, entre  otros, como la forma paradigmática de este tipo de contrato. Como se verá,  una de las peculiaridades que este tipo de contrato posee (al ser el tiempo  un elemento constitutivo) es que admite la terminación unilateral si es de  duración indeterminada, es decir, si es el caso que las partes al tiempo de  concluirlo no le han señalado término.
 
Si el  contrato es de duración indeterminada –como si el negocio  es de tracto sucesivo sin señalamiento de plazo para su término- entonces  cualquiera de las partes puede ponerle término de manera unilateral.
 
Ese es el  principio generalmente admitido. Lo contrario es una conclusión que no guarda  relación alguna en consideración a las características de este tipo de  contrato.
 
La  categoría dogmática del contrato de tracto sucesivo y la posibilidad de  terminarlo unilateralmente posee, también, un obvio significado económico.
 
Mientras  las partes de un contrato de ejecución única (diferida o simultánea) poseen  información suficiente para establecer con antelación el bienestar que les  procurará el contrato (tener la cosa, recibir el precio), ello puede no  ocurrir en el negocio de tracto sucesivo: en este caso, las partes suelen  poseer información imperfecta acerca del momento en que su interés no se  mantendrá o dejará de incrementarse como producto del contrato. De ahí,  entonces, la posibilidad que el ordenamiento reconoce de que puedan dejar el  contrato sin efecto de manera unilateral.
 
La regla  que permite la rescisión unilateral  no sólo está justificada  jurídicamente; es también lógica desde el punto de vista económico: permite  la celebración de negocios en condiciones de alta incertidumbre sobre el  futuro de un negocio o emprendimiento.
 
Cabe  agregar que constituye un principio generalmente admitido, en el ámbito del  derecho privado, que no  se admiten los contratos perpetuos, es decir, los contratos que  vinculan a dos sujetos de derecho sin posibilidad de término. La razón es  evidente. La perpetuidad de un contrato resulta contradictoria con la  autonomía de la voluntad y con los fines económicos que persigue la  contratación. Los contratos son formas de intercambio voluntario que suponen  movilidad de recursos y de bienes. De ahí que la repugnancia a la vinculación  perpetua sea particularmente acentuada en el ámbito de las relaciones  contractuales de carácter patrimonial.
 
Es natural,  entonces, que producido el término de la relación, nada deba indemnizarse:  las partes contrataron esa incertidumbre y no pueden luego esgrimir la  protección de una expectativa que no pudieron tener.
 
El derecho  privado rechaza las relaciones obligatorias perpetuas en el ámbito  patrimonial, puesto que resultarían contradictorias con la libertad individual:  ninguna persona debe estar ligada indefinidamente por un contrato.
 
Así,  entonces, si el contrato es de duración indeterminada –como  es frecuente en los contratos de tracto sucesivo- se admite que alguna de las  partes le ponga término de manera unilateral.    
 
Principio  protectorio del Derecho del Trabajo
 
Analizaremos  ahora, cómo juegan estas características del tipo contractual,  en el  contrato de trabajo.
 
El contrato de trabajo es de tracto  sucesivo y, en principio, por tiempo indeterminado. En consecuencia,  la previsión en una cláusula o en  normas legales de una suma de dinero  a cargo de la parte que le pone fin, a favor de la contraparte, no torna  ilícito al contrato y –en consecuencia- al acto jurídico  que lo extingue.
 
El Derecho  del Trabajo, desde y por la aplicación de sus principios protectorios, suple  obligatoriamente la voluntad de las partes y crea un resarcimiento tarifado  del cual es acreedor el trabajador en caso de finalización del vínculo por  voluntad de su empleador.
 
Y lo hace,  sin requerirle a aquél que pruebe algún perjuicio, sino en cumplimiento de  una norma, que en nuestro derecho positivo recoge el segundo párrafo del art.  4 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo.
 
Primeras  conclusiones
 
Hasta aquí,  podemos llegar a las siguientes conclusiones:
 
1. El contrato de  trabajo responde a la modalidad de contratos de tracto sucesivo y –en  general- es por tiempo indeterminado.
 
2. La previsión  en una cláusula o en  normas legales de una suma de dinero a cargo de la  parte que le pone fin, a favor de la contraparte, no torna ilícito al  contrato y –en consecuencia- al acto jurídico  que lo extingue.
 
3. El carácter  protectorio y tuitivo del Derecho del Trabajo, plasma, en la mayoría de las  legislaciones, estos principios a través de la creación de resarcimientos  tarifados a favor del trabajador cuando el empleador decide poner fin al  contrato laboral.
 
4. Ello no altera  la naturaleza contractual ni las características de la relación laboral, como  contrato de tracto sucesivo.
 
El  matiz ideológico: ¿el contrato de trabajo es ilícito?
 
A partir de  los fallos judiciales en los que, por situaciones de discriminación, se  decidió la nulidad del despido sin justa causa o arbitrario, y se procedió a  ordenar a perpetuidad la  reincorporación del trabajador despedido, se quebraron los principios  jurídicos básicos que caracterizan a los contratos de tracto sucesivo.
 
En  principio, para fundamentar esta decisión se apeló a los términos del art. 1º  de la ley 23592.  
 
Más  adelante, doctrina y jurisprudencia avanzaron sobre la figura contractual,  concluyendo en la  ilicitud  del despido arbitrario. De esta forma, se va configurando  un contrato de tracto  sucesivo perpetuo.
 
El paso que  sigue, y lógica consecuencia de este razonamiento,  es concluir que el contrato de trabajo es por su  propia naturaleza y causa final, ilícito.
 
Componente  ideológico. La plusvalía
 
Esta  conclusión no sería en modo alguna novedosa. Karl Marx esboza en El Capital su  teoría sobre la plusvalía, conceptualizándola como el valor que el trabajo no  remunerado al trabajador asalariado crea por encima del valor de su fuerza de  trabajo y que se  apropia gratuitamente el capitalista. Es la forma específica  que adquiere el plusproducto bajo el modo de producción capitalista y forma  la base de la acumulación de dicho sistema.
 
Sin duda  alguna, para Marx –jurídicamente-, el  contrato de trabajo –tal como lo conocemos actualmente- sería  un contrato de objeto ilícito, porque sería incoherente con su doctrina  que la apropiación gratuita que lleva a cabo el capitalista, no resultara –por  lo menos- contraria a la moral.
 
El paso  final para llegar a esta conclusión está cercano y puede resumirse en este  paradigma de actual aplicación: el  contrato de trabajo es un acto jurídico lícito, pero su rescisión sin  expresión de causa justificada es un acto ilícito.
 
Para llegar  al mismo, se expresa un silogismo que en realidad esconde un sofisma
 
Un  sofisma como fundamento
 
Un sofisma  es una refutación o silogismo aparente, con objetivo de defender algo  falso confundiendo al  interlocutor, mediante una argucia en la argumentación que puede consistir, o  bien en exponer premisas falsas como verdaderas, o bien en seguir de premisas  verdaderas conclusiones que no se siguen realmente de dichas premisas.
 
En la  Grecia clásica la capacidad de emplear sofismas en los argumentos era alabada  como una habilidad retórica, por lo que la sofística gozó de gran éxito  durante el siglo V a. de C., aunque ahora esta época se considera la época de  la primera crisis de la filosofía, la crisis del espíritu griego.
 
Un  ejemplo clásico de sofisma
 
Se dice que  Protágoras (el primer sofista profesional, según Platón) recibió a un joven  que pretendía ser su alumno, a pesar de no tener dinero para pagar los  servicios del maestro. Éste le tranquilizó, diciéndole que le pagase cuando  ganase su primer pleito. Tras el periodo de formación, el tiempo se alargaba  sin que el pupilo ganase juicio alguno, ya que no entablaba ninguno.  Suponiendo mala fe en el alumno, Protágoras llevó a juicio a aquél, pero el  tribunal fue incapaz de pronunciarse: Si Protágoras ganaba, el alumno debería  pagar, rompiendo así el acuerdo origen del litigio. Si Protágoras perdía, el  alumno debería pagar igualmente por haber ganado el pleito. Es decir,  Protágoras cobraría igualmente, ganara o perdiera.
 
En el  ejemplo clásico:
 
- Sócrates  es mortal
 
- Un gato  es mortal
 
- Luego  Sócrates es un gato.
 
El  sofisma de la ilicitud del despido sin justa causa
 
Veamos,  siguiendo esta línea de razonamiento, que en mi opinión encierra un sofisma,  cómo se llega a la calificación de ilicitud  del despido sin justa causa.
 
Se concluye  que el despido  incausado es antijurídico por ser sancionado legalmente con una indemnización.
 
Según esta  corriente, esta referencia desactivaría la tesis de autores y jueces de que  el sistema argentino se estructura sobre la "libertad del despido" porque  nadie es sancionado negativamente por utilizar su libertad.
 
Veamos  ahora, la propuesta doctrinaria analizada como sofisma:
 
A. Todo acto  ilícito origina la obligación de reparar, a través de una indemnización, el  daño que produce.
 
B. El despido sin  justa causa origina una indemnización.
 
C. Luego, el  despido sin justa causa es un acto ilícito.
 
Siguiendo  esta línea de pensamiento, el paso siguiente nos llevará –inexorablemente-  a concluir que el contrato o relación de trabajo, tal  como se la concibe en el sistema capitalista, es ilícito.
 
El  error
 
Pero en  nuestra opinión, no es cierto que solo los actos ilícitos originen la  obligación de reparar a través de una indemnización.
 
En el  análisis precedente de las características comunes a la naturaleza de los  contratos de tracto sucesivo, la indemnización pactada ante su extinción, de  modo alguno los tiñe de ilicitud, sino que hace a las características de esta  modalidad.
 
Es más, en  cualquier tipo de contrato, ya sea por voluntad de las partes o por normativa  legal, pueden pactarse  resarcimientos para cuando alguna de las partes  decide su rescisión.
 
Entonces, ¿toda rescisión de contrato es  jurídicamente un acto ilícito? Entendemos que la respuesta  es negativa.
 
Cuando la  rescisión obedece a la voluntad de una o de ambos contratantes,  preestablecida en el contrato o legitimada por una norma legal, de modo  alguno puede calificarse dicho acto como ilícito. Distinto es el supuesto que  se llegue a la ruptura contractual por culpa o dolo de alguna de las partes.
 
La  indemnización  en el despido sin justa causa     
 
Para  reforzar esta conclusión, analicemos el  carácter especial, tarifario e incausado de la indemnización en  el despido sin justa causa.
 
El  legislador ha otorgado el resarcimiento a favor del trabajador, sin que éste  se vea obligado a justificar o acreditar el daño sufrido y la magnitud del  mismo. Ello nos impide definitivamente asimilar al resarcimiento por la  rescisión del contrato de trabajo, a las indemnizaciones ocasionadas en  verdaderos actos ilícitos, so pena de calificar a los mismos, como contratos  ilícitos.
 
Conclusión  final
 
Este  artículo no busca avales ideológicos sino que se trata de planteos  específicamente jurídicos, que -en consecuencia- son totalmente rebatibles  desde posicionamientos sociales o políticos, que -por más bien intencionados  que resulten-  pueden servir de fundamento de lege ferenda, para una  nueva normativa laboral, pero que resultan incompatibles con los conceptos  jurídicos que surgen de las leyes vigentes.
 
Si las  posiciones de doctrina y jurisprudencia que consideran ilícito el despido sin justa causa,  predominan, sin ser recogidas por el legislador, tal vez haya llegado la hora  de dejar de llamar al  contrato de trabajo, contrato .
 
(*)  Algunas de las consideraciones sobre las características de los contratos de  tracto sucesivo, han sido extractadas de una nota de Carlos Hernán Peña  González, abogado, magister en sociología y profesor universitario chileno  Rector de la Universidad Diego Portales y profesor de la Facultad de Derecho  de la Universidad de Chile.
 
Publicado  en el Actio Reporte del 20 de Enero de 2016
 
(*) Abogado  (UBA). Presidente de Actio Consultores Jurídicos S.A.
 
 

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