Denuncia de delitos y daño moral. (01-06-06) - ACTIO WEB

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Denuncia de delitos y daño moral.
     
Escribe el Dr. Rodolfo Aníbal  González (*)
 
     
1. El  daño moral en la doctrina laboral. Un caso "testigo".
 
1.1. Un  fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala III, causa  23070/03, sentencia 86192, del 12 de octubre de 2004, en autos «Ramírez  Vicente c. Leopardo Roberto Damian s/ despido»), sirve como síntesis del  criterio que aplica el fuero laboral para considerar configurado daño moral,  cuando el trabajador ha sido despedido por la presunta comisión de un delito  y, luego, es absuelto o sobreseído en sede penal.
 
1.2. En el caso, ante  un hurto de mercaderías, el empleador decidió despedir por justa causa (art.  242 de la Ley de Contrato de Trabajo, t.o. 1976) al trabajador al cual  consideró autor del hecho. Asimismo, aquél radicó una denuncia penal,  imputándole la comisión de dicho delito a su ex dependiente. La causa, que  tramitó en la Justicia en lo Criminal, finalizó por sobreseimiento  (absolución) del imputado.
 
1.3. Así las cosas, el  ex empleado, absuelto por la justicia en lo criminal, inició juicio laboral a  la empresa por el cobro de indemnizaciones laborales por el despido y, además,  requirió el resarcimiento civil por el daño moral que le había producido la  denuncia efectuada por su ex empleador.
 
1.4. El tribunal  laboral consideró injustificado el despido fundado en la comisión del delito  de hurto y condenó a la empresa a pagar ambas indemnizaciones. Siguiendo la  doctrina del fuero, sostuvo que "desde el punto de vista  extracontractual, el daño moral procede en los casos en que el hecho que lo  determina es producido por una actitud dolosa del empleador", y que  "la indemnización civil corresponde en aquellos casos en que el despido  vaya acompañado de una conducta adicional que resultase civilmente  resarcible, aun en ausencia de un vínculo contractual".
 
1.5. Como en este caso  el empleador formuló una denuncia penal contra el dependiente por el delito  de hurto, que culminó con el cierre definitivo del proceso con sobreseimiento  del imputado, concluyó el tribunal que "se configura un supuesto de  daño moral, pues aquellas imputaciones han causado un grave menoscabo a los  legítimos sentimientos del reclamante y a su buen nombre y honor, que  constituyó un desmedro o desconsideración a su persona dentro de su ámbito  laboral y familiar, que debe ser indemnizado".
 
2.  Crítica a la doctrina laboral sobre procedencia del resarcimiento por daño  moral.
 
2.1. Este criterio es  adoptado en forma unánime por la jurisprudencia y doctrina laboral. Según el  mismo, cuando la denuncia penal del empleador contra un empleado, por un  delito del cual se considera víctima, es clausurada por absolución o sobreseimiento  del imputado, automáticamente éste resulta acreedor a un resarcimiento  económico por daño moral.
 
2.2. En mi opinión,  esta posición carece de sustento legal y se aparta, sin fundamento, de la  normativa aplicable que es el Código Civil, y de la jurisprudencia y doctrina  civilista sobre la cuestión.
 
2.3. Y ello es así,  porque la reparación del daño moral por la acusación calumniosa o culposa,  no se rige por las normas laborales, sino por las civiles, sus principios, y  su interpretación judicial y doctrinaria, a la que deberían acudir los jueces  del fuero del trabajo para llegar a la conclusión de que existe o no el deber  de reparar ante dicho supuesto. En otros términos, en el derecho civil no  toda acusación, por ser rechazada, se convierte en calumniosa o culposa.
 
2.4. Contrariamente, los  jueces laborales omiten todo examen de la cuestión en ese marco normativo.  Podría afirmarse que su criterio se resume en el siguiente axioma legal: la  absolución del trabajador imputado por su empleador en sede penal, por la  comisión de un delito, tiene como consecuencia directa e irreversible el  derecho al cobro de una indemnización por daño moral, sin admitirse defensa  ni prueba en contrario por parte del denunciante.
 
2.5. Sin embargo, según  el derecho civil, no basta que el denunciado por un delito de acción pública  resulte absuelto para que, automáticamente, el denunciante deba ser condenado  a resarcir daños que pudo haber experimentado como consecuencia de la  denuncia. Es necesario, o bien que el denunciante haya actuado con dolo, para  que se consume el delito de acusación calumniosa, o que en ausencia de este  elemento subjetivo concurra la culpa, integrante del acto ilícito culposo  corrientemente denominado cuasidelito (CNCiv., sala G, 8/9/1997, Botta,  Juan Angel c. Cassi, Lino Primo; ED, 175-399).
 
2.6. En este marco, es  menester que analicemos, entonces, dos ilícitos que configuran delito y  cuasidelito civil, respectivamente: la acusación calumniosa y la acusación  culposa. Esta es la normativa a la cual deberían ajustarse los jueces del  fuero laboral en el tratamiento del tema.
 
3.  La acusación calumniosa como ilícito civil. Requisitos.
 
La acusación  calumniosa, como ilícito civil, es tratada particularmente por el  art. 1090 del Código Civil. Para su configuración, requiere los siguientes requisitos:  
 
*  Primer requisito:  Imputación de un delito que se formule mediante la correspondiente denuncia  ante la autoridad pública (policial o judicial), que motive proceso penal, o  por querella criminal.
 
*  Segundo requisito: El  proceso iniciado por la denuncia debe haber terminado por absolución o  sobreseimiento del imputado, debiendo surgir su inocencia de una resolución  judicial.
 
a) Es por ello que la  absolución o el sobreseimiento del imputado es un elemento esencial,  constitutivo del derecho a ser indemnizado. Y tanto es así, que si esta  resolución faltase, no habría posibilidad de plantear la cuestión en sede  civil. (conf. Augusto C. Belluscio, Código Civil y leyes complementarias,  Comentado, Anotado y Concordado; t. 5, 3° reimpresión, Editorial Astrea, 2002).  
 
b) Este es un  presupuesto para la configuración del ilícito civil, pues sólo a través de la  sentencia penal absolutoria puede aprehenderse el carácter calumnioso de la  denuncia o de la acusación, que origina responsabilidad en el denunciante. (CNCiv.,  Sala A, Septiembre 4-1985, ED, 116-258; "Rómbola, Francisco c. Emi  Odeón", 11/3/2004, CNCiv., Sala F, CNCiv. Sala F, 6-4-98; CNCiv., Sala  I, 8-10-98, J.A.1999- IV-278).
 
*  Tercer requisito: Falsedad  del acto denunciado. Intencionalidad. Dolo.
 
a). La denuncia debe  ser falsa, mentirosa, bien porque el delito no se haya cometido, bien porque  el imputado no haya participado en él. En otros términos, la acusación  calumniosa presupone la falsedad de la denuncia; ello es que se haya  atribuido falsamente a una persona determinada la comisión o autoría de un  delito que dé lugar a acción pública, teniendo el denunciante plena  conciencia y conocimiento de que esa persona no lo ha cometido (CNCiv.,  Sala A, Septiembre 4-1985, ED, 116-258), esto es el dolo delictual.
 
b). Si el denunciante  ha actuado con dolo _directo o eventual-, habrá responsabilidad civil a  mérito del art. 1090; p. ej., si para justificar la inculpación, se recurrió  a documentos apócrifos (CNCiv., Sala E, 16/3/44, LL, 116-420).
 
c). Esta figura  requiere como elemento esencial la malicia, la sinrazón, el pleno  conocimiento de la inocencia del acusado. Quien pretenda el resarcimiento del  daño causado por aquélla, deberá demostrar concretamente que el acusador obró  a sabiendas de su inocencia. (CNCiv., Sala I, 2000/05/18; P., S.G. c.  B.R.D.I.P. S.A. Doctrina Judicial, La Ley S.A., Año XVII, N° 24, p. 484).  
 
d). La acusación  calumniosa que prevé el art. 1090 del Cód. Civil presupone la falsedad de la  denuncia, es decir, que se haya atribuido falsamente a una persona  determinada la comisión o autoría de un delito que da lugar a acción pública,  teniendo el denunciante plena conciencia de que esa persona no lo ha  cometido. (CNCiv., Sala A, 1988/11/23, La Ley, 1989-B, 484 _ DJ,  1989-2-205; íd. CNCiv., Sala A, 1991/02/14, La Ley, 1991-E, 196 _ DJ,  1991-2-1977; en igual sentido: Código Civil Comentado, Jorge Mosset Iturraspe  y Miguel A. Piedecasas, Responsabilidad Civil, Rubinzal-Culzoni Editores, 2003.  p. 195)
 
e). El sobreseimiento  del actor será presupuesto esencial, pero no suficiente; es decir, la sola  existencia de esta resolución no hace procedente, sin más, la acción de daños  y perjuicios (conf. Agusto C. Belluscio, Código Civil y leyes complementarias,  Comentado, Anotado y Concordado, t. 5, 3° reimpresión, Editorial Astrea,  2002)
 
f). Si bien se trata  del requisito subjetivo que constituye el factor de atribución, se ha dicho  reiteradamente, que la simple existencia de una decisión judicial que  absuelva o sobresea al imputado es insuficiente para que éste pueda reclamar  daños y perjuicios (SCBA, 1/7/47, LL, 47-923; íd., 24/12/40, LL, 21-647;  SCTuc., 28/9/51, LL, 66-414 y JA, 1952-III-46; STERíos, 12/4/45, JER,  1945-167; CCiv. 1ra. Cap., 12/6/50, JA, 1950-IV-91; íd., 27/3/40, LL, 18-14;  CCiv. 2da. Cap. 17/12/40, LL, 21-296; íd. 6/11/41, LL, 24-683; íd., 2/9/43,  LL, 31-856; íd., 21/10/46, LL, 44-501; íd., 19/12/46, JA, 1947-I-841; íd.,  9/8/49, LL, 56-256; CApel. Rosario, Sala III, 30/5/47, Rep.SFé, 16-28; íd.,  Sala II, 28/12/56, Jurís, 10-341; CCiv. y Com. Chaco, 5/5/67, JA,  1968-III-550; CNCrim. y Corr., Sala V, 23/12/77, LL, 1978-C-378; CNCom., Sala  B, 18/5/55, LL, 80-103; íd., 21/10/69, LL, 142-528, 25.789-S; CNCiv., Sala A,  18/6/58, LL, 93-43, índice, 446-S; íd., 18/8/55, JA, 1956-I-353; íd., 6/6/75,  JA, 28-1975-45, índice, sum. 16 y LL, 1975-D-439, sum. 1540; íd., 15/4/80,  LL, 1980-C-391; íd., Sala E, 6/4/76, LL, 1976-C-402).
 
g). Y ello es así  porque, como recuerda Salvat, muchas veces las imperfecciones prácticas del  sistema inquisitorio impiden la condena; entonces, sería injusto que cuando  la inmoralidad y la incorrección del acusado resultan justificadas, se le  reconociera el derecho de reclamar una indemnización contra sus propias  víctimas. (Salvat-Acuña Anzorena, IV, n° 2770; Parellada, Responsabilidad  emergente de la denuncia calumniosa o negligente, JA, 1979-III-691. Conf.,  CCiv., 2° Cap., 5/5/50, LL, 59-84; CNCiv., Sala F, Marzo 1-1983, ED,  104-169).
 

 h). En consecuencia, la responsabilidad civil de los  querellantes no puede tener lugar por el único hecho de que la acción haya  sido rechazada, pues la ley sólo la admite cuando la acusación ha sido  calumniosa u obedeció a una conducta culpable (CNCiv., Sala A, Junio 6  1975, ED, 66-151), máxime si la forma en que se presentan los hechos que  dan margen a la querella autorizan la opinión de la existencia del delito.  (SC Buenos Aires, Junio 5 1979, Lozano, Victorio y Otros c. Daher Boge, SA,  Ac. 25227).
 
i). Otra  consideración, que ha restringido la procedencia de la calificación de  acusación calumniosa, es que resulta imprescindible preservar el interés  social en la investigación y represión de los delitos penales. Es por ello  que se sostiene que para que se configure el ilícito civil debe exigirse la  existencia de una culpa grave o grosera, sin que pueda requerirse al  denunciante una diligencia mayor que la que normalmente y según las  circunstancia del caso corresponda a una situación semejante (Parellada,  Responsabilidad emergente de la denuncia calumniosa o negligente, JA,  1979-III-696; CCiv., 2° Cap., 5/5/50, LL, 59-84; CApel. Rosario, Sala II,  28/12/56, Juris, 10-341; en igual sentido: Belluscio, Augusto C. y Zanoni,  Eduardo A., «Código civil y leyes complementarias - comentado, anotado y concordado»,  t. 5, P. 259).
 
j). Desde otro ángulo,  habrá ilícito siempre que el proceso se desvíe de su función social para  tratar de alcanzar por él otras finalidades diferentes. Asimismo se exige que  el ejercicio de los derechos de naturaleza procesal sea realizado  diligentemente y la diligencia impone que las pretensiones que se formulen,  posean una normal probabilidad de ser acogidas y el que la formulación haya  sido precedida de una prudente preparación de los medios de prueba.
 
4.  Jurisprudencia del fuero civil con relación a los requisitos exigidos para  que una acusación sea considerada maliciosa o culposa.
 
En  consecuencia de los requisitos hasta aquí consignados, la jurisprudencia del  fuero civil ha sostenido que:
 
4.1. Basta la  concurrencia de algunos antecedentes que justifiquen moralmente la denuncia  para que no se dé el factor subjetivo de imputación, que torne procedente el  reclamo indemnizatorio. (CNCiv., sala G, 8/9/1997, Botta, Juan Angel c.  Cassi, Lino Primo, ED, 175-399).
 
4.2. Se consideró improcedente  la demanda de daños entablada por quien entiende haber sido víctima de una  acusación calumniosa -o culposa- en sede penal, cuando de hecho existieron  algunos antecedentes que justificaron moralmente la denuncia, sin que pueda  requerirse del denunciante una exhaustiva investigación o una diligencia  mayor que la que normalmente y según las circunstancias del caso corresponda  a una situación semejante, por ser imprescindible preservar el interés social  comprometido en la investigación y represión de los delitos (CNFed. Civ. y  Com., Sala II, 7-7-98, Responsabilidad civil y seguros. L.L., 1999, p. 581;  SC Buenos Aires, Junio 5 1979, Lozano, Victorio y Otros c. Daher Boge, SA,  Ac. 25227; Augusto C. Belluscio, Código Civil y leyes complementarias, Comentado,  Anotado y Concordado, t. 5, 3° reimpresión, Editorial Astrea, 2002).
 
4.3. Tampoco se  responsabilizó al denunciante que puso en conocimiento de la autoridad un  hecho que en realidad existió, que lo perjudicó y que "prima  facie" tiene apariencia de delito, aun cuando el imputado haya sido,  como en la especie, sobreseído. (CNCiv., Sala I, 2000/05/18; P., S.G. c.  B.R.D.I.P. S.A. Doctrina Judicial, La Ley S.A., Año XVII, N° 24, p. 484)
 
4.4. No se consideró  decisiva ni suficiente la "noticia criminis" para generar  obligación de resarcir, sino que es menester probar que el querellante o  denunciante ha obrado imprudentemente, actitud que se configura cuando la  agente procede sin la debida diligencia, meditación y previsión acerca de la  existencia del delito _en el caso, el hecho existió pero el imputado fue  sobreseído por aplicación del beneficio de la duda- o de quien pudiera  resultar su verdadero autor. (CNCiv., Sala I, 2000/05/18; P., S.G. c.  B.R.D.I.P. S.A. Doctrina Judicial, La Ley S.A., Año XVII, N° 24, p. 484)
 
4.5. Resulta  improcedente la reparación de perjuicios derivados de una denuncia o querella  criminal si el denunciante no actuó con temeridad o al menos con ligereza  culpable. (CNCiv., Sala I, 2000/05/18; P., S.G. c. B.R.D.I. P. S.A.  Doctrina Judicial, La Ley S.A., Año XVII, N° 24, p. 484)
 
4.6. La acusación  calumniosa prevista en el art. 1090 del Cód. Civil requiere, como todo delito  civil, el dolo de quien formula la acusación (CNCiv., Sala G, 1995/08/31,  La Ley, 1995-E, 423), o sea la deliberada y maliciosa intención de dañar  al actor (CNCiv., sala B, 27-5-80, ED 89-633; sala G, 31-8-95, DJ  1996-1-517; sala I, 18-5-2001, LL 2001-B-765; sala K, 12-5-97, LL 1997-E-607;  CNFed.CC, sala III, 10-9-96, LL 1997-F-438; CCCMin., 1° Nom. de Catamarca, LL  NOA 1998-669; CCC, 3° Nom. de Córdoba, 31-10-80, LL 1981-A-353, razón por  la cual quien pretende el resarcimiento del daño causado por aquélla, debe  demostrar concretamente que el acusador obró a sabiendas de su inocencia (CNCiv.,  Sala I, 2000/05/18, La Ley, 2001-B, 765 _ DJ, 2001-2-484).
 
4.7. Debe tenerse  presente que una cosa es que quien denuncia no haya podido proporcionar  elementos de convicción suficientes a juicio del juez penal y que tales  elementos de convicción tampoco hayan podido ser reunidos en la instrucción  del proceso y otra, distinta, es atribuir al denunciante falsedad en su  acusación (CNCiv., Sala A, 4/9/85, "González, Gerónimo c. Delgado,  Franco", ED, 116-258; Código Civil, Análisis doctrinario y  jurisprudencial, Alberto J. Bueres, Elena I. Highton, t. 3ª, editorial  Hammurabi SRL, 1999. p. 283)
 
4.8. No toda denuncia  de delitos es apta para generar responsabilidad civil. Es que no se puede  exigir a las víctimas de delitos que formulen la acusación munidos de pruebas  incontestables que no dejen dudas sobre la autoría, pues ello llevaría al  extremo de imponerles la carga policial exhaustiva de los delitos para no  errar respecto de la manifestación que formula ante la autoridad (Di  Rimini, Mario O. c. Fernández, Alfredo; CNCiv., Sala D, 21-04-99).
 
5. La  acusación o denuncia culposa.
 
El  conocimiento de la falsedad, presupuesto de la acusación calumniosa, no  impide la posibilidad de que también surja la responsabilidad del denunciante  en base a su negligencia y en los términos generales del art. 1109 del Código  Civil como cuasidelito. En este último caso la figura se llama acusación o  denuncia culposa y origina responsabilidad por el resarcimiento del daño  moral provocado. (conf. Vázquez Ferreyra, Roberto; en Bueres-Highton,  Código Civil anotado, Hammurabi, Bs. As., 1999, t, 3-A, p. 279/286).
 
5.1. En el supuesto de  responsabilidad derivada de una acusación culposa, el art. 1109 del Código  Civil requiere culpa grave o grosera, sin que se pueda exigir al denunciante  una diligencia mayor que la que normalmente corresponde a una situación  semejante. No hay responsabilidad, pues, si no se procede con temeridad. Y no  puede hablarse de culpa grave del denunciante cuando la propia conducta del  acusado generó dudas sobradas sobre su eventual responsabilidad en el suceso  objeto de la denuncia (CNCiv. y Com. Fed., Sala I, Marzo 11-1986; ED,  118-471; íd. CNFed. Civil y Com, sala III, setiembre 10-996, "Dalmasso,  Jorge A. c. Administración Nacional de Aduanas")
 
5.2. Son aquellos casos  en que el comportamiento negligente o imprudente del denunciante configue la  denominada culpa grave o lata (art. 1071, Cód. Civil).
 
5.3. Así, se ha  considerado que no puede hablarse de culpa grave de denunciante que origine  la obligación de resarcir, cuando la propia conducta del acusado ha generado  sobradas dudas sobre su eventual responsabilidad en el suceso objeto de la  denuncia. (CNFed. Civil y Com, sala III, setiembre 10-996, "Dalmasso,  Jorge A. c. Administración Nacional de Aduanas")
 
5.4. La culpa del  denunciante o acusador se pondrá de manifiesto ante una incriminación  formulada sobre bases inconsistentes, o con omisión de elementales actos de  comprobación de la verdad de los hechos (Salvatori Riviriego, Gustavo J.  "El factor de atribución de responsabilidad civil por acusación  calumniosa o culposa" La Ley, 1997-F, p. 436).
 
5.5. Las acusaciones  precipitadas o imprudentes efectuadas en sede penal se caracterizan por haber  procedido el denunciante o querellante sin la debida diligencia, meditación y  previsión acerca de la existencia del delito, o de quien pudiera resultar su  verdadero autor, poniendo en movimiento la jurisdicción penal del estado, sin  haber tenido causa fundada para hacerlo y siempre que no se haya actuado con  dolo criminal (CNCiv., Sala C, Abril 17 1984, ED, 109-341).
 
5.6. Así, a los efectos  del examen de la existencia o no de imprudencia o ligereza en el denunciante  o querellante, nuestros jueces han tomado en consideración, por ejemplo: la  existencia de informes técnicos que autoricen a creer en la culpabilidad del  imputado; el hecho de que el denunciante o querellante hayan sido eximidos  del pago de las costas; la circunstancia de que se haya dictado prisión  preventiva en contra del imputado; el dictamen fiscal que se opone a la absolución  o sobreseimiento, etc. (Cfr. Pecach, Roberto, «Responsabilidad civil por  denuncias o querellas precipitadas o imprudentes», J.A., T. 65, ps.116/117).  
 
6. La  prueba del daño moral.
 
La culpa o  el dolo deben ser probados por quien los alega, o sea el demandante de los  daños y perjuicios. A veces, lo mismo que en toda clase de hechos ilícitos,  se los puede inferir de las propias circunstancias del caso, como cuando no  existe ninguna razón, ni legal ni fáctica, que justifique la denuncia.
 
6.1. Prueba  del proceso penal en el proceso civil.
 
a). Las pruebas  acumuladas en el sumario criminal tienen valor en el juicio civil en el que  se discuten los mismos hechos.
 
b). De allí se sigue  que "la admisión en el juicio civil de las pruebas reunidas en el sumario  criminal no importa violar la defensa en juicio si los interesados han tenido  la oportunidad -que no han aprovechado- de producir toda la prueba contraria  que hubieran estimando conveniente". (conf. Galdós, Jorge M. "El  valor probatorio del expediente penal en sede civil (Primera parte)".  L.L, 1993-B, p. 1040).
 
c). Desde el punto de  vista probatorio el expediente judicial penal importa, para el fuero civil,  prueba trasladada "porque se admitió o admitió en otro proceso" (Davis  Echandía, Hernando, "Teoría general de la prueba judicial", t. I.,  p. 531, Ed. Zabalía, Buenos Aires, 1974, p. 367) y, en principio,  configura prueba documental (Peyrano, Jorge W. Y Chiappini, Julio O.,  "Tácticas en el proceso civil", t. I, p. 62, Ed. Rubinzal-Culzoni,  Santa Fé, 1983) aunque algunas de sus constancias (pericias, testimonios,  etc) "cuando se crearon no eran indudablemente, prueba  instrumental" (Sentis Melendo, Santiago, "El proceso  civil", p. 234, Ed. Ejea, Buenos Aires, 1957).
 
d). En estos términos,  la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo que  "las pruebas del sumario criminal tienen valor en el juicio civil en el  que se discuten los mismos hechos y en el cual las personas a quienes se  oponen ni siquiera han intentado producir la demostración contraria" (Fallos:  183:297, La Ley, 14-334); "la prueba acumulada en lo criminal _se  añadió- es invocable para la decisión del posterior pleito civil cuando la  demandada ha tenido oportuna noticia del ofrecimiento de esa y ha podido  producir la que convenía a su derecho para desvirtuarla" (Fallos:  182:502, La Ley, 17-118); 187:627; 188:7; 219:55, La Ley, 62-1); 182:531 y La  Ley 17-191; La Ley, 14-335). Ello es así porque la garantía de igualdad  ante la ley y defensa en juicio "sólo importa que el litigante debe ser  oído y encontrarse en condiciones de ejercer sus derechos en la forma y con  las solemnidades que establecen las leyes procesales" (Fallos  183:298; 268:266; 295:906; 272:188; 13/10/88 "Sacoar SAIC c. Provincia  de Buenos Aires", La Ley, 1989-A, 478). De allí se sigue que  "la admisión en el juicio civil de las pruebas reunidas en el sumario  criminal no importa violar la defensa en juicio si los interesados han tenido  la oportunidad _que no han aprovechado- de producir toda la prueba contraria que  hubieren estimado conveniente" (Fallos 182:502 y La Ley, 17-190;  31/3/39, "Aráoz, Miguel c. Aguiar, Camilo (h.), La Ley, 14-335, ídem JA,  66-16).
 
e). En este sentido,  se descalificó por arbitrariedad a la sentencia civil que omitió valorar  adecuadamente las pruebas del expediente penal (CS, "Manen de Olmos  Pilar c. Empresa Ferrocarriles Argentinos, JA, 1991-II-77)
 
f). Las constancias  del sumario penal deben apreciarse con sana crítica y si no existe prueba en  contrario, acordárseles eficacia probatoria (CNCiv., sala C, 11/4/67,  "Transportes de Buenos Aires c. Gederlini, Rodolfo, La Ley, 127-122).  De la prueba colectada en las actuaciones en distintos fueros, debe inferirse  que el acusador hubiese afirmado a sabiendas hechos falsos o que quepa  endilgársele culpa grave o grosera al momento de denunciar.
 
7. Conclusiones.  
 
7.1. El reclamo  judicial del trabajador en el fuero laboral por el cobro de resarcimientos  provocados por daño moral, ocasionado por acusaciones en sede penal  realizadas por el empleador, debe fundamentarse en la existencia de un  ilícito civil.
 
7.2. Esta cuestión debe  ser necesariamente analizada a tenor de las normas civiles sobre la materia,  su jurisprudencia y doctrina. Ese marco normativo debería ser considerado por  los tribunales de trabajo, para determinar su procedencia.
 
(*)  Abogado (UBA). Presidente de Actio S.A.
 
 
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Buenos Aires - República Argentina

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